La Procuraduría General de la Nación informó que ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Dirección Nacional de Inteligencia por la presunta interceptación ilegal de comunicaciones a magistrados de la Corte Constitucional y perfilamiento a familiares de funcionarios judiciales.
Según un comunicado de prensa emitido por el ente de control, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según dieron a conocer medios de comunicación, se investigarán las denuncias hechas sobre la posible persecución de la que estarían siendo objeto los miembros de la alta Corporación, que también han denunciado seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes.
“Como parte del proceso que se adelantará, el Ministerio Público revisará si existen o no autorizaciones judiciales expedidas por órganos de inteligencia oficiales y escuchará, por resultar relevante y de interés, al magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que, si es su deseo, narre en calidad de quejoso las circunstancias sobre las presuntas irregularidades objeto de la actuación”, notificó la Procuraduría General de la Nación.
Lo que pasó
Es importante que las denuncias hechas por la Corte Constitucional sobre posibles ‘chuzadas’ a sus miembros encendieron las alertas sobre el posible regreso de esta práctica ilegal dentro del Gobierno de Gustavo Petro.
Las investigaciones, que ya están en curso, buscan esclarecer la situación que afecta “la independencia de la Rama Judicial, la democracia en Colombia y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”.
Fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar quien inicialmente denunció la situación, alegando que tanto él como su esposa han sido víctimas de persecuciones por parte de organismos de inteligencia estatal, que incluyen interceptaciones de comunicaciones, monitoreos y seguimientos ilegales.
En una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, Ibáñez expresó su preocupación sobre la intervención de sus comunicaciones y los seguimientos a su esposa por funcionarios adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República.
Ibáñez agregó que también habrían sido ‘chuzados’ los magistrados auxiliares que trabajan en su despacho. “Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.