Por su supuesta omisión ante la crisis migratoria en el Tapón del Darién, la peligrosa selva entre Colombia y Panamá, la Procuraduría ordenó una indagación al canciller, Álvaro Leyva y al viceministro Francisco Coy. Según un comunicado del Ministerio Público, los funcionarios habrían omitido la aplicación integral de la Política Integral Migratoria para la población que atraviesa el Tapón del Darién.
Los funcionarios deberán explicar a la entidad las razones por las que, al parecer, no han aplicaron la política migratoria a los migrantes ubicados en los municipios de Necoclí, Acandí y Capurganá, que pretenden atravesar la frontera entre Colombia y Panamá.
La Procuraduría, además, señala que los funcionarios, al parecer, dejaron de implementar acciones para mantener en funcionamiento el Centro de Atención Sanitario, que beneficiaba a los migrantes que ingresaban al país por el oriente.
“La Sala de Instrucción Disciplinaria incluyó en el expediente al director general y la subdirectora de control migratorio de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva y Martha Hernández Arango”, informó el Ministerio Público en un comunicado publicado este jueves, 5 de octubre.
Así, el organismo de control indica que la Cancillería habría dejado de ejecutar de manera efectiva la Política Integral Migratoria y, además, no realizó un control efectivo de la población migrante en los municipios previamente mencionados, lo que podría representar un riesgo para la seguridad de Colombia.
“El ente de control solicitó la práctica de pruebas y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, concluye el comunicado.
Crisis en el Tapón del Darién
Las imágenes que circulan en las redes son impactantes. Ríos de personas de todas las edades, y de más de 50 países, entre la selva huyéndole al destino. Es como si en seis meses todos los habitantes de los municipios de Tuluá y Andalucía, en el centro del Valle, hicieran maletas y se marcharan.
Una situación dramática que se agudizó en las últimas semanas, y en la que miles de personas atraviesan el país desde distintos puntos fronterizos para llegar al Tapón del Darién y cruzar hacia Panamá, para atravesar Centroamérica y llegar a Estados Unidos.
Estimativos del Gobierno colombiano señalan que en lo corrido del año entre 2.000 y 3.000 personas, en promedio, inician cada día la peligrosa aventura desde Necoclí (Antioquia) y Acandí (Chocó). Riesgos que no solo representa la hostilidad del terreno, sino la presencia de organizaciones armadas y de delincuencia común.
Los relatos de quienes logran llegar a Panamá, luego de una o dos semanas de travesía, hablan de personas agonizando entre el barro, mujeres abusadas sexualmente, gente atacada por animales y migrantes despojados de sus pertenencias por asaltantes.
Pero incluso antes de llegar al tapón del Darién, los migrantes, en su mayoría de América Latina, África y Asia, son víctimas de otros abusos como explotación laboral ilegal, trabajos forzados, prostitución en mujeres y menores de edad o instrumentalización por bandas dedicadas al microtráfico. Actividades a las que deben acceder por la falta de dinero para seguir alimentando el sueño americano.
A esas preocupaciones se suma que más del 20% de los migrantes que se internan en el tapón del Darién son menores de edad y que este fenómeno migratorio, que desde hace cinco años cobró fuerza, se ha convertido en un paisaje en las carreteras o terminales de transporte del país.
El tapón del Darién, la inhóspita selva de 575.000 kilómetros que separa a Colombia de Panamá, se ha convertido en un termómetro para medir la dimensión de las crisis políticas, económicas y sociales por las que han atravesado varios países del mundo.