A través de un comunicado oficial emitido este lunes, 26 de febrero, se conoció que la Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una indagación previa contra algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por las presuntas irregularidades en la expedición del decreto con el que se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024.
“Según dieron a conocer medios de información, habría material probatorio que evidenciaría posibles anomalías en el detalle de las apropiaciones y en la clasificación y definición de los gastos de cerca de $13 billones”, afirmó la Delegada para la Economía y la Hacienda Pública.
En ese sentido, se busca definir si se pasó por alto incorporar las modificaciones realizadas durante el proceso legislativo y si se presentaron omisiones. Asimismo, determinar “las razones por las que inicialmente no hubo claridad en la destinación de los recursos de inversión”.
Bajo esa premisa, “el organismo de control revisará el Decreto 2295 de 2023, en el que estaban consignados los gastos presupuestados para 2024, y la fusión de dos documentos de naturaleza técnica y normativa, para dejar todo en uno solo, con lo que se pudo contravenir lo señalado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que establece la emisión por separado de los mismos”, se lee en el documento.
Por otro lado, se investigará el acta que debió gestionar el encargado de la secretaría técnica del Consejo de Ministros y que, al parecer, por desconocer su responsabilidad omitió hacer, lo que habría provocado el extravío de las conclusiones y su elaboración tardía.
Hasta el momento, la Procuraduría ordenó “la práctica de pruebas para identificar a los sujetos procesales implicados, establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.