La Procuraduría General de la Nación les solicitó a los actuales gobernadores de los 32 departamentos y alcaldes de las capitales del país que tomen medidas urgentes para abordar la persistente problemática de alta mortalidad y morbilidad infantil, por condiciones como la desnutrición, enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda.
Según los informes del Instituto Nacional de Salud para la semana epidemiológica 43 de 2023, se reportaron 299 casos de fallecimientos de niños menores de cinco años por desnutrición, de los cuales se confirmaron 202 casos, siendo La Guajira, Chocó, Cesar, Antioquia, Bolívar y Magdalena, junto con la población infantil extranjera, las zonas más afectadas.
Respecto a la infección respiratoria aguda, Bogotá y ciertos departamentos, incluyendo a la población infantil extranjera, lideran las estadísticas con 474 casos notificados y 237 confirmados.
El Ministerio Público también destacó la preocupación que persiste por la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), que, después de la Infección Respiratoria Aguda, es un problema significativo en la población menor de 5 años en Colombia y está relacionada con el acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento.
Hubo 74 muertes confirmadas de un total de 122 casos notificados, con un mayor número en La Guajira, Chocó, Santander, Risaralda, Casanare, Antioquia y Cauca, de acuerdo con el reporte del INS.
La Procuraduría considera que incluso un solo fallecimiento por estas patologías es grave y muestra la insuficiencia de las políticas públicas locales para prevenirlas. Por lo tanto, insta a las autoridades nacionales y territoriales a abordar de manera urgente y coordinada esta problemática para proteger la salud y la vida de los niños afectados.
Finalmente, la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer enfatizó la importancia de que los nuevos líderes elegidos en el país prioricen en sus planes de gobierno acciones y programas destinados a abordar las causas de la vulneración de derechos en niños y adolescentes, incluyendo problemas nutricionales y otras patologías prevenibles, así como a sus familias, grupos poblacionales por los que la Procuraduría ha estado comprometida de manera constante.
La situación de salud pública en La Guajira tiene a varios sectores preocupados. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud, se reportaron 55 muertes por desnutrición y afecciones relacionadas en niños menores de 5 años, en lo corrido del año, hasta septiembre.
De igual manera, se han registrado casi 2.000 casos de desnutrición aguda moderada y severa en niños de la misma edad. Otro factor preocupante es que el 93 % de los niños fallecidos por desnutrición en esta región pertenecía a población indígena.
Según los informes del INS, los grupos indígenas más afectados fueron el Wayúu (con 46 fallecimientos), seguido por Wiwa (3), Kogui (2) y Arhuaco (1). Además, el 83.9% de las muertes ocurrieron en niños que vivían en áreas rurales, y el 7.1% de los casos correspondió a hijos de adolescentes de entre 12 y 17 años.
El Defensor del Pueblo hizo un llamado al Gobierno a tomar medidas para garantizar el derecho a la alimentación, tal como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo.
Carlos Camargo Assis, líder de esta entidad, señaló que: “Lo que infortunadamente está sucediendo es el resultado de la ausencia de políticas públicas integrales y de una respuesta sólida estatal que permitan la construcción de planes de acción que tengan en cuenta las necesidades y contextos propios de la población indígena del departamento”.
Entre las necesidades destacadas para la población de La Guajira se encuentra la creación de opciones sostenibles de generación de ingresos para los grupos más vulnerables, así como la garantía de acceso continuo a agua potable.