En las primeras horas de este martes la Procuraduría General de la Nación advirtió que la alimentación de los estudiantes de por lo menos 12 territorios del país podría estar en riesgo de suspenderse por falta de presupuesto.
Seis municipios y seis departamentos son los que tienen preocupado al Ministerio Público. Estos son: Villavicencio, Montería, Sincelejo, Uribía, Pitalito y Neiva; así como Caquetá, Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Boyacá y Huila.
Al parecer, los altos costos de los artículos de la canasta básica familiar, los cuales también están incluidos en los alimentos que se entregan a los menores, serían los responsables principales de que los recursos no alcancen para cubrir a los alumnos de estos territorios, razón por la cual la Procuraduría emitió una comunicación a la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) del Gobierno Nacional, entidad encargada de coordinar y enviar el presupuesto a las diferentes zonas del país para que se pueda costear el PAE.
De acuerdo con el ente de control, son aproximadamente 808.453 niños, niñas y jóvenes de los mencionados territorios los que podrían ver afectados sus derechos constitucionales de acceso y permanencia a la educación, teniendo en cuenta que esta situación hará que muchos padres eviten enviar a sus hijos a las instituciones educativas ante la imposibilidad de la alimentación.
El Ministerio Público detalló que los casos más alarmantes se estarían presentando en el municipio de Pitalito y el departamento del Huila en general, ya que allí la situación de recursos sería tan crítica que las empresas encargadas del Programa de Alimentación Escolar, en coordinación con las autoridades locales, tendrían que suspender el programa en los meses de junio y agosto, respectivamente.
Asimismo, en los otros territorios la cobertura se vería ampliamente diezmada, haciendo que unos colegios sí reciban la alimentación, mientras otros lo hacen de forma desmejorada y otros ni siquiera recibirían.
“Ante la situación, el ente de control solicitó, tanto al Ministerio de Educación como a la Unidad de Alimentos para Aprender, adelantar las estrategias que sean necesarias para atender la problemática manifestada”, agregó la Procuraduría en un comunicado emitido en la mañana de este martes.
Cabe recordar que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es el componente de alimentos que los menores reciben en los colegios del país. Estos no solo ayudan a paliar el hambre durante las cerca de seis a ocho horas que los jóvenes permanecen en las instituciones, sino que también aportan los nutrientes necesarios para complementar el desarrollo adecuado de estos. Allí se estaría generando la mayor afectación.
Defensoría del Pueblo solicitó protección al Gobierno de más de 300 personas desplazadas en Chocó
Según expresó la Defensoría, son un total de 357 personas pertenecientes a 102 familias que fueron desplazadas por cuenta de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan de Golfo) en Chocó.
Aseguró la entidad que las comunidades afrocolombianas víctimas del desplazamiento son de Barranconcito, Buenas Brisas y San Agustín, las cuales están ubicadas al sur oriente del departamento. Agregando que se había advertido mediante la alerta temprana no. 012 de 2022 de las posibles vulneraciones y riesgos a los derechos humanos de los habitantes de estas poblaciones.
El defensor Carlos Camargo reiteró que esta es la cuarta ocasión, en lo corrido del año, esta zona es afectada por una emergencia humanitaria relacionada con enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
“Reiteramos el llamado a estos grupos armados ilegales a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos y dejar por fuera de sus acciones bélicas a las comunidades que habitan esta zona del departamento del Chocó”, resaltó el Defensor del Pueblo.
Debido a este y otros graves hechos que afectan a las comunidades en el país, la Defensoría del Pueblo anunció la realización de una audiencia en Quibdó, Chocó para el próximo 23 de junio. Allí, la entidad entregará un informe sobre la situación de derechos humanos relacionados con los confinamientos y los desplazamientos forzados de comunidades en el territorio nacional.