La Procuraduría General de la Nación interpuso una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, para recuperar el dinero del anticipo del millonario contrato entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
Según el documento del Ministerio Público, entre las principales razones para presentar esta acción es que se generó un daño colectivo, específicamente contra los niños que necesitan el servicio de internet.
El ente de control indicó que "ante las irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas, tendientes a evitar que se logre la recuperación de los recursos en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general, es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados, con la fuerza de una orden judicial".
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El Ministerio Público solicitó declarar vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa; la defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet, y a su prestación eficiente, continua y permanente con ocasión de las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación y el contrato.
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"Entre los accionados están el Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (Mintic), representado legalmente por Karen Abudinen Abuchaibe o por quien haga sus veces; el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic); la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y sus integrantes, 11 empresas y una fundación", se lee en el boletín.
La Procuraduría también solicitó ordenar a los integrantes de la UT Centros Poblados resarcir los perjuicios ocasionados a la Nación por una cuantía equivalente a 42.944 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, a título de estimación anticipada de perjuicios, de acuerdo con la cláusula penal del contrato.
También, establecer el pago del daño emergente ocasionado por cuenta de la planeación y ejecución del objeto contractual, sin el cumplimiento de los requisitos legales para su ejecución.
Las peticiones de la Procuraduría
El órgano de control solicitó que se ordene al MinTIC y Fontic que "establezca los correctivos y medidas legales, judiciales, contractuales, administrativas, financieras y/o técnicas, que aseguren o propendan por la prestación eficiente, continua y permanente del servicio público esencial de internet, de acuerdo con el alcance del Contrato Fondo N°. 038 de 2020 en los 15 departamentos y en Bogotá, según objeto del contrato N°. 1043 de 2020".
Asimismo, que se adopten de manera inmediata las medidas necesarias frente SESCOLOMBIA S.A.S, la interventoría y los funcionarios públicos y demás contratistas que tuvieron que ver en la consolidación de las irregularidades presentadas.
La Procuraduría pidió que se declare responsable a Unión Temporal Centros Poblados y a sus socios por los daños, perjuicios e indemnizaciones que se presentaron en la ejecución del contrato caducado y adjudicado al segundo en orden de elegibilidad. También que en esta decisión se vincule al MinTIC y al Fontic.