La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la jueza del Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar, Francy Helena Castaño Barragán, por presuntamente hacer uso de un documento público falso.
El ente de control investiga si la funcionaria presentó una certificación laboral de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Militar y Policial ante el Banco Caja Social, con el fin de obtener un crédito, documento que, según la investigación, estaba fechado en septiembre de 2021 y firmado por el director general de la entidad, quien para ese entonces se encontraba de vacaciones.
La Procuraduría señaló que la firma del documento estaría a nombre de un funcionario que no se encontraba en funciones en la fecha indicada, lo que refuerza la presunción de falsedad del certificado. Según las autoridades, la jueza habría utilizado este documento para la gestión de un préstamo en la entidad bancaria mencionada.
El ente de control calificó esta presunta falta como una conducta gravísima a título de dolo, lo que podría tener consecuencias significativas para la funcionaria en el ámbito disciplinario. De ser hallada responsable, Castaño Barragán se enfrentaría a severas sanciones dentro del proceso disciplinario en curso.
La investigación de la Procuraduría surge en un contexto donde la integridad de los funcionarios judiciales es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de justicia en Colombia.
La jueza Castaño Barragán, quien actualmente se desempeña en el Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar, es una funcionaria con responsabilidades clave dentro de la justicia penal militar, lo que añade relevancia a las posibles implicaciones de este caso.
El proceso disciplinario seguirá su curso, y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre los avances de la investigación y las decisiones tomadas por la Procuraduría.
Además, el Ministerio Público afirmó que le hizo llegar una carta al Ministerio de Defensa con el fin de solicitar la autorización del crédito de libranza que le otorgaron a la funcionaria judicial, ya que dicho dinero iba a ser restado de su nómina.
*Con información de Colprensa y redacción de El País