La Procuraduría General dio a conocer este lunes que profirió cargos contra dos exdirectores y un exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En ese orden, se tratan de Eduardo José González Angulo (2018 – 2022), Javier Pava Sánchez (2022 – 2023) y Ariel Enrique Zambrano Meza (2020 – 2022).

Y es que según el ente de control, hubo una falta de gestión por parte de la UNGRD tanto en la parte preventiva como en la respuesta dada a la emergencia que sucedió el 27 de agosto de 2021, cuando Iván Duque aún era el presidente de la República, porque la entidad tenía conocimiento que el jarillón desde abril del 2017 tenía un alto riesgo de colapso. Por lo tanto, la asignación de recursos para intervenir en dicho sector vino a ser solicitado cuatro años después, exactamente en el mes de marzo del 2021.

Los exfuncionarios habrían incumplido en la prevención y manejo de la emergencia por el colapso del jarillón Caregato, ubicado en la zona de La Mojana, Bolívar. | Foto: Defensoría del Pueblo

La entidad dirigida por la procuradora Margarita Cabello argumenta que esta situación “demuestra falta de previsión y planeación, pues la entidad debía no solo contar con los recursos suficientes para atender la prevención del riesgo y el manejo de los desastres en general, sino también para atender lo ocurrido en el sector de Caregato, que continúa hoy en día, dado que se le habían asignado recursos suficientes para el desarrollo de sus funciones”.

Asimismo, el ente de control indicó que en el manejo de la emergencia no fueron contratadas las obras complementarias de dragado en el sector, ya que estas eran necesarias para respaldar la integridad y estabilidad de los trabajos de emergencia que se adelantaban para cerrar la parte del Jarillón colapsada, y de esa manera controlar la erosión e inundación en la zona de La Mojana.

La Procuraduría indicó que en el manejo de la emergencia no fueron contratadas las obras complementarias de dragado en el sector. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Sobre los contratos que se firmaron para la atención de la emergencia, estos fueron suscritos sin que se verificara la dimensión de las obras que se requerían para darle cierre al jarillón. Además, los exfuncionarios tampoco habrían considerado de manera suficiente las condiciones meteorológicas de aquel tiempo, ni hicieron un análisis de las obras complementarias necesarias, lo cual hizo que “resultaran insuficientes, ineficaces e ineficientes para lograr su objeto”.

“Por esos hechos, la Procuraduría señaló que los investigados habrían vulnerado los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad, entre otros, y formuló tres cargos disciplinarios contra González Ángulo; dos contra Zambrano Meza, y uno contra Pava Sánchez. En los tres casos, sus aparentes conductas fueron calificadas como faltas graves, cometidas a título de falta grave”, concluyó el ente de control.