La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes que ordenó abrir una indagación previa contra integrantes “por determinar” de distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS) para verificar posibles irregularidades cometidas en 2020.
El ente de control se basó en el informe de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización que la Contraloría General de la República emitió para evidenciar varios hallazgos fiscales que suman más de $6 billones desviados de las finanzas de las EPS.
Según el informe, la Auditoría identificó 61 hallazgos de incidencia administrativa, es decir, irregularidades en las operaciones, en 24 EPS. Del total de descubrimientos, 37 tienen incidencia fiscal, o sea, muestran anomalías financieras, por $6,08 billones.
El documento sirvió para abrir 24 indagaciones con las que la Contraloría busca saber qué ocurrió con más de $5,35 billones, y para remitir copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría, por presuntas incidencias penales y disciplinarias.
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Ahora la Procuraduría se pronunció. La Delegada para la Economía y Hacienda Pública inició acciones disciplinarias para identificar el destino del dinero de servicios y tecnologías de salud no financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La Delegada se enfocará en los presupuestos máximos de las Entidades y en los recursos girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social, y verificará si las EPS se basaron en los principios de ley en materia presupuestal.
De acuerdo con el Ministerio Público, la indagación “busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria” y determinar posibles causales de exclusión de responsabilidad.
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*Con información de Colprensa.