La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes una investigación a la junta directiva de EPM y funcionarios y ejecutivos de la Anla por la crisis del proyecto Hidroituango, en Antioquia.
"Hemos abierto una investigación disciplinaria (...) La magnitud del daño generado en términos sociales, económicos y ambientales la declaratoria de una emergencia en la zona de influencia", expresó el procurador general Fernando Carrillo.
El funcionario también solicitó al Gobierno Nacional declarar emergencia ambiental en territorios del Norte y Bajo Cauca de Antioquia, por las afectaciones.
El funcionario indicó que con la declaratoria se implementaría un paquete de medidas que ayudarían en la recuperación y restitución de los derechos de los afectados y del daño causado al medio ambiente, que se salen del campo de acción de las normas ordinarias y de “curas menores”.
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La semana pasada, la Procuraduría estuvo recorriendo las riberas y poblaciones aledañas del río Cauca para valorar la situación y con base en esta misión tomar las determinaciones que se anunciaron este lunes.
Desde el pasado 8 de febrero, el órgano de control le pidió la Superintendencia de Sociedades vigilar y controlar el accionar de EPM, argumentando que la empresa, presuntamente, viene suministrando información que no se ajusta a la realidad de los hechos.