La Procuraduría General de la Nación le exigió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, garantizar los pagos que se tienen pendientes con las Empresas Promotoras de Salud, EPS, los cuales corresponden a los meses de noviembre y diciembre del presente año.
Así lo dejo entrever ese organismo de control en la mañana de este jueves 21 de diciembre, a través de un boletín de prensa. En él se determinó que la Procuraduría verificó el pago inoportuno, puesto que, durante el segundo semestre del 2023, en el mes de octubre, solo se pagó el giro de los meses correspondientes a julio, agosto y septiembre; y solo hasta el presente año se reconocieron los ajustes del año 2021 para la red prestadora de servicios de salud.
“Se hace más crítica la situación si se tiene en cuenta que continúan los incumplimientos y hoy no se ha pagado lo correspondiente a los presupuestos máximos de noviembre y diciembre, omitiendo evaluar y mitigar las consecuencias de estos retrasos”, se lee en uno de los párrafos del comunicado.
Así las cosas, se hizo énfasis en que las condiciones siguen siendo complicadas, pues hasta este año fueron reconocidos los ajustes del año 2021 para las EPS, y se detalló que en una solicitud entregada a principios de diciembre, pidieron que se informara sobre el aumento presupuestal de casi dos billones de pesos que hizo el Ministerio de Salud al de Hacienda, y que afirmaron, un billón serían utilizados para pagar los presupuestos desde octubre hasta diciembre.
Ante ese preocupante panorama, el organismo de control estableció un plazo de tres días para que el Ministerio de Salud, en cabeza de Jaramillo, exponga un plan de acción para hacer los pagos pendientes a las EPS, y así garantizar medicamentos y tratamientos de enfermedades crónicas y críticas.
A su vez, la entidad requirió la programación para la realización de las mesas técnicas y participativas que tiene como objeto la revisión y discusión jurídica, técnica y financiera que permita determinar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación, UPC, para la vigencia 2024.
Finalmente, el ente de control advirtió la gravedad de las actuaciones del Ministro, con lo cual se está afectando el derecho fundamental a la salud de los colombianos.