En una decisión sin precedentes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió las solicitudes de la Procuraduría General de la Nación, declarando que el Ministerio de Salud y Protección Social, junto a otras entidades del sector, han vulnerado los derechos colectivos a la salud, la seguridad pública y el acceso equitativo a los medicamentos en Colombia.
El fallo, emitido en respuesta a una acción popular interpuesta por el Ministerio Público, evidencia la grave afectación causada por la escasez y desabastecimiento de medicamentos en el país. Entre los derechos vulnerados se encuentran la salubridad pública, el patrimonio público y los derechos de los usuarios del sistema de salud.
En su momento, la Procuraduría había señalado la urgencia de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Estatutaria de Salud, que ha ordenado expedir la Política Farmacéutica Nacional para resolver las problemáticas de acceso universal con equidad a los medicamentos.
Órdenes claves del fallo
El Tribunal ordenó al Ministerio de Salud mantener una ejecución el Plan de Respuesta Urgente, adoptado desde octubre de 2023, y liderar la creación de una mesa de trabajo con la participación de múltiples actores, incluyendo entidades regulatorias, ministerios, EPS, IPS, la industria farmacéutica y representantes de los usuarios.
Esta instancia deberá definir las bases de una nueva Política Farmacéutica Nacional que garantice el acceso universal a medicamentos con equidad.
Entre los puntos críticos que deberá abordar esta política destacan:
- “La Procuraduría, durante los últimos 2 años, reveló el agravamiento de la crisis del sector farmacéutico derivada del acúmulo en el INVIMA de más de 27.000 expedientes de registros sanitarios sin trámite”, expresa el comunicado de la Procuraduría.
- La regulación efectiva de precios de medicamentos.
- La financiación adecuada y el pago oportuno a proveedores.
- La operación transparente del sistema farmacéutico, combatiendo prácticas corruptas.
- La garantía de acceso a medicamentos esenciales para todos los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas, catastróficas, raras y huérfanas.
El fallo fue catalogado por la Procuraduría como una esperanza para miles de pacientes afectados por la crisis farmacéutica. Durante los últimos dos años, el Ministerio Público ha denunciado el deterioro del sector, señalando el impacto en los derechos fundamentales de los colombianos.