A través de un documento oficial, este viernes 6 de diciembre, la procuradora Margarita Cabello pidió al canciller Luis Gilberto Murillo que adelante una serie de gestiones con organismos internacionales para aclarar de dónde salió la información sobre que presuntamente hay 20 mil cuerpos sin identificar en el aeropuerto El Dorado, noticia que fue difundida por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
En la carta enviada por la Procuraduría se cita textualmente el informe preliminar del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, publicado el 5 de diciembre, donde afirman que “según la información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá”.
Para la Procuraduría, que realizó una inspección en los 27 hangares del aeropuerto El Dorado y no halló evidencias que confirmen dicho por el Comité, esta afirmación “ha generado zozobra en la opinión pública y en la ciudadanía, causando también un fuerte impacto en la imagen internacional del Estado colombiano, más aún cuando el Estado colombiano pasará a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a partir del próximo año”.
Debido al impacto internacional de esta información no confirmada, la entidad solicita la intervención oportuna del ministro de Relaciones Exteriores para que exija una aclaración a la ONU y la rectificación si es pertinente.
Por su parte, este viernes, 6 de diciembre, el máximo representante de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, se pronunció frente a la controvertida información emanada del Comité contra la Desaparición Forzada. En entrevista con Noticias Caracol, explicó que el informe y sus afirmaciones no representan a ninguna entidad de las Naciones Unidas, que recae sobre los expertos nombrados en el Comité, “todo lo que ellos incluyan pues se hace a ese título, no representan a ninguna de nuestras entidades”, dijo.
Entre tanto, se conoció que la abogada peruana, Carmen Rosa Villa Quintana, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada, es quien realizó las polémicas declaraciones que, según ella, están basadas en información que habría recibido del Instituto de Medicina Legal. La diplomática sostuvo que los supuestos cuerpos estaban en el hangar, porque “no hay otro lugar para poderlos mantener”.
Esto último también fue desmentido por Medicina Legal en un comunicado donde sostienen que “la entidad desconoce la existencia de dicho hangar y no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos”.