La Procuraduría General de la Nación pidió detalles sobre el seguimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia a Colpensiones, a propósito de la implementación del nuevo modelo pensional aprobado en la reforma.
La delegada de Asuntos del Trabajo del organismo de control pidió información sobre las acciones implementadas y el cronograma de actividades a cargo de la Superintendencia Financiera para evitar riesgos en la operatividad de la administradora de pensiones.
Para el ente de control, es necesario conocer esta información con el objetivo de velar por la garantía de los derechos de los afiliados y pensionados.
De no adelantarse las funciones inmediatas de inspección, vigilancia y control se pondrá en riesgo la viabilidad del sistema, los recursos, así como los derechos de los afiliados y pensionados de Colombia.
“Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y hoy presenta muchas fallas tecnológicas, así como, vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente 6 millones de afiliados”, señaló la Procuraduría.
A esto se suma el traslado de 19 millones de afiliados, el Ministerio Público solicitó a la Superintendencia Financiera adoptar todas las medidas, desde sus competencias, para que esta entidad pueda asumir la administración en materia pensional.
El órgano de control también advirtió que Colpensiones no está preparada para asumir las obligaciones que contiene el proyecto de reforma pensional aprobada. De acuerdo con la Procuraduría, Colpensiones no tiene la capacidad técnica, logística, administrativa, ni operativa para iniciar con esas funciones desde el 1 de julio de 2025, como lo determina el texto.
Cuando la reforma estaba en trámite, la Procuraduría General de la Nación le envió a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, un oficio de cinco páginas para advertir sobre los “graves riesgos en el presente y el futuro de la seguridad social pensional de los colombianos”.
El ente de control aseveró que el proyecto de ley aprobado en el Congreso “no contó con los estudios técnicos y recomendaciones realizadas por diferentes expertos”, por lo que se tomaron decisiones que podrían afectar el sistema pensional.
En su momento, la Procuraduría subrayó que el proyecto “no amplió de ninguna manera la cobertura”, pues las promesas adoptadas en los pilares solidarios y semicontributivos ya están en la legislación colombiana.
Según el órgano disciplinario, a través de decretos el Ejecutivo pudo modificar programas como Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos, y asumir desde el Presupuesto General de la Nación los giros que se le pretenden entregar a adultos mayores.
Otro de los puntos criticados por la entidad es el control que Colpensiones asumiría de algunas funciones en un nuevo sistema pensional, debido a que “no cuenta con la capacidad técnica, administrativa ni operativa” para empezar a implementar la reforma desde 2025.