En el marco del día internacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Instituto Nacional Penitenciario y carcelario, Inpec, y a la Unidad Nacional de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, a tomar las acciones pertinentes en temas de seguridad contra incendios.

Todo esto a raíz de la tragedia que ocurrió el pasado 27 de junio de 2022 en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, donde un incendio cobró la vida de 54 personas privadas de la libertad.

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En ese sentido, el ente de control emitió un informe en el que detalla las falencias que existen en los sistemas contra incendios y planes de contingencia en los centros penitenciarios del país, entre esto la ausencia de un sistema de aspersión para emergencias, carencia de puntos fijos para la toma de agua y serias dificultades para realizar evacuaciones.

En este informe también se evidenció problemas de ventilación, corredores estrechos y puntualmente en promedio las cárceles del país cuentan con 46 extintores, una cantidad insuficiente frente a lo que dice la norma técnica que regula el tema de seguridad contra incendios.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que la carencia de elementos, planes contra incendios y otras catástrofes se presenta en todos los centros carcelarios del país.