La Procuraduría General de la Nación ratificó la sanción de destitución e inhabilidad general de 12 años, al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, luego de hallarlo responsable de interés indebido en la adjudicación del contratista que se encargaría del manejo de las basuras en la ciudad.
La decisión se tomó en un fallo de segunda instancia, en el que Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció que el exmandatario utilizó su cargo como alcalde y presidente de la junta directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga —Emab— para favorecer a terceros.
Entre los beneficiados se encontraba su hijo, quien recibiría un 28 % de la comisión total que se lograra por la adjudicación del contrato, si este se celebraba con los representantes de la tecnología WastAway en Colombia, que sería suministrada por la Unión Temporal Vitalogic RSU.
Es importante mencionar que para cumplir con el objetivo de entregar el manejo de las basuras a una firma particular, Rodolfo Hernández escogió a la persona que se encargaría de elaborar los términos de dicha contratación. Además, se encargó de entregarle instrucciones para que la Emab lo vinculara y le pagara por sus servicios.
Lo anterior, sin que existiera el soporte de las actividades que desarrolló con ocasión de esa consultoría.
Vale decir que para la Procuraduría se comprobó que el excandidato presidencial “se apartó de la función pública en cuanto no desempeñó sus funciones de actuar en beneficio del bien general, sino que, por el contrario, usó el poder otorgado con su cargo o investidura para buscar beneficios personales”.
Un hecho que transgrede el objetivo que tiene el servicio público que es servir a los demás y no a sí mismo.
Bajo este contexto, el Ministerio Público catalogó la conducta cometida por el exalcalde de Bucaramanga como una falta gravísima cometida a título de dolo, y además precisó que, como se trata de un servidor público de elección popular que no se encuentra en ejercicio de su mandato, la sanción impuesta quedó con la notificación efectuada y su ejecución deberá ser de carácter inmediato.
Finalmente, la Procuraduría General puntualizó en el fallo de segunda instancia que este caso se califica como un acto de corrupción de acuerdo con los diversos instrumentos internacionales existentes.
Por lo tanto, en “el ejercicio del poder disciplinario de cara a estas prácticas enquistadas y tristemente normalizadas en nuestra sociedad es un compromiso internacional del Estado que le compete cumplir por mandato constitucional y legal a la Procuraduría General de la Nación frente a todos los servidores públicos, incluidos los elegidos popularmente”.
Rodolfo Hernández rompió el silencio
Luego de ser revocada su candidatura por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, se pronunció y aseguró que no tiene la necesidad de “una curul en el Senado para batallar contra la corrupción”.
“A partir de hoy… les declaro la guerra a los políticos corruptos. Porque tengo vida, tengo plata que hice limpiamente, tenemos un partido y un equipo maravilloso que me acompaña”, precisó. Posteriormente, les pidió a sus “140.000 amigos” que lo acompañen en la nueva “cruzada” para “derrotar a todos los ladrones en el poder”.
“Y convoco a nuevas alianzas para armar un ejército de hombres y mujeres honorables, decentes, valientes, dispuestos a trabajar para salvar a Colombia del destino que le espera en manos de esta clase política”, añadió Hernández Suárez.
Además, abrió las puertas de su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción a “todos los que estén dispuestos a denunciar las malas prácticas en la política. Porque los corruptos no saben el gran enemigo al que se acaban de hacer. Con más fuerza, con más coraje, los vamos a enfrentar”.