Con base en las denuncias del Consejo Regional Indígena, la Procuraduría advirtió al Gobierno sobre el reclutamiento de menores indígenas en Huila, especialmente en los municipios de La Plata, La Argentina, Nátaga e Íquira.
La entidad dirigida por Margarita Cabello envió una comunicación a la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Lourdes Castro, en la que le advierte sobre los efectos que está teniendo el conflicto armado para las comunidades indígenas de esa zona.
La Procuraduría citó las declaraciones del consejero político del Consejo Regional Indígena a un medio de comunicación en las que afirmó: “ante el recrudecimiento del conflicto, desafortunadamente se han presentado situaciones de reclutamiento y amenazas que han llegado a la deserción escolar”.
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El Ministerio Público recordó a la funcionaria que las comunidades indígenas son sujetos de especial protección y destinatarias de las medidas de prevención ordenadas por la Corte Constitucional, con el fin de que el Gobierno Nacional garantice “las acciones necesarias, adecuadas y diferenciales a que haya lugar, de cara a su derecho a la libre determinación, y en consecuencia a establecer libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural”.
En ese sentido, el ente de control le solicitó a la funcionaria informar que medidas y acciones ha tomado el Gobierno para proteger a las comunidades indígenas de la zona, quienes se están viendo afectados por la inclusión de actores armados ilegales en sus territorios.
“Esta solicitud del ente de control se dispuso de acuerdo con las funciones de secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes, por parte de grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados, que ejerce esa consejería presidencial”, concluyó la Procuraduría.
Proyecto de ley que endurecería penas por reclutamiento de menores
En el Congreso de la República hay un proyecto de ley que tiene por objetivo endurecer las penas en contra de las personas y organizaciones armadas que recluten a menores de edad como integrantes de sus grupos delictivos.
La iniciativa pretende modificar los artículos 83, 162 y 188D de la Ley 599 de 2000 con el objetivo de aumentar los tiempos de condena a quienes utilicen a menores en actos ilícitos. A su vez, se han contemplado diferentes multas que oscilan entre los 2.600 y los 7.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
De igual forma, este proyecto también pretende establecer que el delito de reclutamiento ilícito de menores será imprescriptible. Julián David Tenorio, representante a la Cámara por el departamento del Valle, aseguró que esta idea brindará mayor protección para la juventud, considerando que los menores son sujetos de protección constitucional.
*Con información de Colprensa.