La docente Kerlin Murillo, quien fue víctima de discriminación en los municipios de Paya y Chita, en Boyacá, ha revelado que se siente abandonada por la vicepresidenta Francia Márquez, quien prometió acompañarla por lo sucedido, ya que su hijos de Murillo también sufrieron agresión.
En su momento, Márquez escribió en su cuenta de X que “el racismo mata, daña familias y sociedades. Rechazo absoluto a todo tipo de violencia racista, es nuestro compromiso luchar contra este flagelo, que existe con fuerza en nuestro país y no nos permite vivir en paz y dignidad. Solicito a la Fiscalía investigar este caso” , mostrando apoyo y acompañamiento.
Tras este episodio, el caso quedó en manos de Clemencia Carabalí, consejera presidencial para la Equidad de la Mujeres y la familia fue trasladada a Bogotá, donde recibió atenciones como hospedaje.
Ahora, la docente reveló la decepción que siente por la Vicepresidenta, de quien no ha sentido respaldo en el último tiempo, pues, dice, solo se comunicó cuando el caso tuvo un gran impacto mediático.
“Quiero decirle que realmente me siento desilusionada. Siento una profunda desilusión como mujer afro, como trabajadora colombiana, como madre cabeza de hogar. Lo único que esperaba era que en mi caso se hiciera justicia, pero se le permitió a la institucionalidad colombiana vulnerarnos y revictimizarnos en todo momento”, le expresó Kerlin Murillo a la revista Semana.
Agregó que el acompañamiento de Francia Márquez fue mínimo y que esperaba algo “más allá de una llamada”, pues tras las respectivas denuncias en la Fiscalía y Procuraduría, no hubo más comunicación.
“Nos fuimos (A Bogotá) con la promesa de que la Unidad Nacional de Protección nos iba a pagar el arriendo y que la Unidad para las Víctimas se iba a encargar de la alimentación. Así me lo dijeron desde la Consejería Presidencial, desde el Ministerio del Interior, estando con la doctora Clara Valdez”, una de las asesoras de Clemencia Carabalí.
“Nos engañaron, tocó pasar por múltiples vicisitudes. No teníamos dónde vivir, pero por el estudio de riesgo de la UNP tuvimos que irnos a Apartadó. Pasé trabajo, aguanté hambre. Abandono estatal” y recordó que, a pesar de haber ganado el concurso para ser profesora en un colegio oficial en Apartadó, el trabajo no le resultó.
Y siguió: “Parecíamos inmigrantes. Calle para arriba, calle para abajo. Los niños, sin estudiar por estar bloqueados en el sistema integrado de matrícula, Simat”. La situación la llevó, según la docente, a pedir limosna en semáforos y a trabajar en una finca bananera: “Todo se me iba en arriendo y alimentación. También perdí una vivienda en Medellín”.
El caso también pasó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación y la Unidad Nacional de Protección y, tras varios meses de lucha, Kerlin está trabajando como profesora en una institución de Apartadó, mientras sus hijos “empezaron a ser restablecidos en sus derechos por la Comisaría de Apartadó”.