Minutos antes de que arrancara la sesión extraordinaria para la votación de la próxima fiscal, la abogada llegó esta mañana a la Corte Suprema a entregar su carta de renuncia a la terna para el cargo. Tras conocerse la noticia, son muchos los interrogantes que salen a la luz: ¿Se aplaza de nuevo la elección? ¿La Corte puede elegir o no Fiscal entendiendo que una terna es de tres y ahora solo hay dos aspirantes?
“Las normas tanto constitucionales como legales dicen que se debe elegir entre una terna, en consecuencia, y lo que dice la lógica sería recomponer la terna o reemplazar a la persona que renunció”, explicó Juan Manuel Charry, experto constitucionalista.
Por su parte, Wilson Martínez, profesor de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, coincide en que ya no puede votar la elección de la Fiscal General, así se tenga quorum deliberatorio y decisorio.
“La Corte debe elegir al Fiscal General de una “terna” y en este momento ya no hay una “terna”. Solo hay dos candidatas. La renuncia de Amelia Pérez obliga a suspender la elección del Fiscal General en la Corte y a solicitarle al Presidente de la República que recomponga la terna. El Presidente puede incluir un nuevo candidato, o cambiar la terna por completo”, afirmó Martínez.
Un magistrado de la Corte también le habló a El País y afirmó que “la historia y los pronunciamientos de la Corte Suprema nos enseñan hasta ahora que los cambios en la terna se pueden realizar siempre y cuando aún no se haya iniciado ( ya se inició) el proceso de evaluación de hojas de vida”.
Pero la elección de la Fiscal puede tardarse aún más de lo imaginado, toda vez que en el mes de mayo varios Magistrados que actualmente están en la Corte, cumplirían con su periodo.
“La Corte deberá solicitarle al Presidente que complete dicha terna, toda vez que la labor constitucional del Presidente es presentarla. Sin embargo, este proceso de elección podría dilatarse aún más, pues para el mes de mayo, en la Corte saldrán varios Magistrados, toda vez que cumplen su periodo constitucional de 8 años, siendo esto un riesgo para que se dilate aún más la elección”, dijo Johan Montenegro, abogado experto en Derechos Humanos y Constitucional.