Samuel Santander Lopesierra, radicó 63.825 firmas en la Registraduría para su candidatura a la Alcaldía de Maicao, en La Guajira.
Según se conoció, el proceso está en revisión y necesitaría, por lo menos, que 27.000 sean válidas para respaldar su aspiración política.
Pero, este dinero nunca habría llegado a las arcas de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Como se conoció, el pasado 20 de julio, la campaña de Lopesierra expidió un comunicado argumentando que en su calidad de ciudadano colombiano tiene todo el derecho a elegir y ser elegido por “cuanto no existe inhabilidad e incompatibilidades en el ordenamiento jurídico que le impidan ser elegido como alcalde de Maicao”.
Luego de lo cual llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) una demanda en la que se solicitaba que no se revisaran las firmas del Movimiento Alternativo Independiente al considerar que era evidente su inhabilidad por haber sido condenado en Estados Unidos.
No obstante, ese proceso no avanzó y lo más probable es que en los próximos días llegue una solicitud de revocatoria que le permitiría revisar al organismo electoral todos los antecedentes.
Voceros de la campaña le confirmaron a SEMANA que Lopesierra está tranquilo porque, para quedar por fuera de la contienda, es necesario que el CNE cuente con documentación oficial de Estados Unidos que demuestre dicha condena, ya que los registros en medios de comunicación no son suficientes como prueba.
Por esta razón, un documento de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia podría ser la prueba reina contra Lopesierra y lo dejaría por fuera de las elecciones de octubre, ya que allí se demuestra que sí existió condena, aunque la defensa del Hombre Marlboro apeló, pero el fallo fue ratificado.
Durante el proceso en Estados Unidos se concluyó que no se había presentado la vulneración alegada y ese tribunal rechazó los argumentos expuestos por los abogados.
Además, la Corte estadounidense analizó la petición de la defensa, que indicaba que el juez que estuvo al frente de sus procesos emitió alguna presión sobre los miembros del jurado para que llegaran a un veredicto unánime de culpabilidad, pero se falló nuevamente contra Lopesierra.
La estrategia de la defensa fue alegar una violación al debido proceso por demoras en la etapa de juicio y una privación injusta de su libertad, petición que fue denegada.
En todo caso, como el documento es la prueba contundente, si la solicitud de revocatoria llega al CNE, se deberá tener el oficio debidamente traducido al español para incorporarlo al eventual proceso.
Con ese oficio de 24 folios queda claro que se violaría lo expresado en el artículo 122 de la Constitución, en el que se establece que no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con el narcotráfico en Colombia o en el exterior.
Este tema, sin duda, abrirá una amplia discusión jurídica y la expectativa gira en torno a si los guajiros encontrarán a Lopesierra nuevamente en un tarjetón electoral.
Si esto llegara a ocurrir, algunos piensan que se abriría un enorme boquete para que cualquier persona condenada haga política en el país.