Uno de los mayores objetivos del Ejecutivo en este momento es promover la Ley TIC que busca suplir la necesidad de Internet en el país. La polémica normativa que está impulsando la Ministra de las TIC, Sylvia Constaín, fue demandada este jueves en la Corte Constitucional.

Sus demandantes son: la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) la Fundación Karisma, la Comisión Colombiana de Juristas, Bejarano Abogados, y el periodista Santiago Rivas, quienes consideraron que esta acción abre la puerta a que el Gobierno tenga más poder sobre los contenidos que manejan en los medios de comunicación.

La Ley TIC había sido sancionada por el presidente de la República el pasado 25 de julio. 

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Para Rivas, la ley atenta contra el equilibrio de poderes y las libertades fundamentales de los ciudadanos. "Pierde Colombia y en el momento en que a un gobierno se le ocurra tomar un talante autoritario, esa ley es la vía de entrada para la censura y para convertir los medios públicos, que no deberían serlo, en aparatos de propaganda del gobierno".

Añadió que permitir que esta ley se promueva en el territorio nacional le da un “poder desmedido al ejecutivo para así fijar el espectro para diseñar comisiones que regulan los contenidos, que regulan las operaciones y ampliación técnicas de medios de comunicación”.

Para el presentador con esta normativa “se le está dando excesivo poder sobre todo cuando se trata de los medios de comunicación que han de saber que eso debería ser un bastión de la ciudadanía y debería permanecer en manos civiles”.

Por su parte, Pedro Vacca, presidente de la Flip, aseguró que se está impulsando una normativa que va en contravía de los estándares internacionales.

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Por esto, consideró necesario que esta situación deba ser evaluada por la Corte Constitucional dado que el alto tribunal ya había puesto de presente “unos sistemas de contrapeso en la Comisión Nacional de Televisión, y hoy en día, esto es algo que se está degradando en la toma de poder no solo en el tema de conectividad, sino en la financiación de las Telecomunicaciones y esto sin duda favorece a unos y desfavorece a otros”.

Así las cosas, ahora estos argumentos son los que deberán revisar los magistrados de la Corte y deberán definir si le da el aval al mandato de Iván Duque para que promueva tales acciones o sí, por el contrario, le pone un freno como lo están proponiendo los demandantes.