“Rechazamos el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes indígenas en Leguizamo, Putumayo, pero de manera especial el homicidio de cuatro niños y adolescentes, miembros de la comunidad indígena Murui, luego de haber desertado de las filas de un grupo armado ilegal en el sector de El Estrecho, límite entre Caquetá y Amazonas”, manifestó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo también solicitó a las autoridades atender las 44 recomendaciones previstas en la Alerta Temprana 002-2022 para el municipio de Leguizamo, especialmente, lo relacionado sobre el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en ese sector del departamento, y de la cual se han realizado de manera permanente informes de seguimiento.
“Reclutar y asesinar niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas no son precisamente gestos de buena voluntad para alcanzar la paz. Además de ser evidentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que genera es el rechazo social y la desconfianza hacia los grupos armados que dicen tener intenciones de dialogar con el Gobierno de cara a un proceso de negociación”, puntualizó Carlos Camargo Assis.
Camargo hizo un llamado al Estado para brindar inmediatamente protección, acompañamiento y asesoría a las cuatro familias en el departamento del Putumayo, quienes se sienten en riesgo por las represalias que puedan provenir del grupo armado ilegal por los hechos ocurridos.
Por su parte, la Fiscalía anunció en las últimas horas que ya hay un grupo especial de investigadores y fiscales para esclarecer lo sucedido.
“Frente al asesinato de cuatro menores de edad pertenecientes al pueblo Murui, en el departamento de Caquetá, la Fiscalía destinó un grupo especial de fiscales e investigadores para esclarecer lo ocurrido, y se encuentran prestos para avanzar dentro del esclarecimiento de estos hechos”, señaló.
Los menores habían escapado de los disidentes de las Farc.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Opiac, fue la primera en denunciar el asesinato de cuatro menos indígenas. De acuerdo con ellos, los hechos comenzaron desde el pasado 26 de marzo cuando miembros del frente Carolina Ramírez realizaron el reclutamiento forzado de Luis Alberto Matías Capera, un joven menor de edad perteneciente a la Comunidad de Guaquira del pueblo indígena Murui.
Según indico la Opiac, el joven intentó escapar junto a otros tres menores que se encontraban en su misma situación y quienes también formaban parte del pueblo Murui. Sin embargo, tras el exitoso escape, fueron ubicados y asesinados por los disidentes de las Farc.
“Tras el escape, el día 17 de mayo del 2023, en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad ‘el Estrecho’, en límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego a cada uno de los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento”, señalan en la denuncia oficial.
Avanza Consejo de Seguridad en el Caquetá
El presidente Gustavo Petro aseguró que el crimen en contra de los menores era atroz y por tal motivo convocó a una reunión extraordinaria de seguridad para tomar acciones en el caso.
“El asesinato de 4 menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario. He convocado una reunión de seguridad extraordinaria para anunciar medidas frente a estos hechos”, informó a través de Twitter.
Precisamente, a esta hora la viceministra del interior Lilia Solano, lidera en Florencia, Caquetá el Consejo de Seguridad con la Defensoría del Pueblo y Fuerzas Militares para esclarecer los hechos y tomar medidas urgentes.