Después de nueve meses de polémicas discusiones, la ruptura de la coalición y la salida de varios ministros, el pasado martes 5 de diciembre en la noche fue aprobado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 339, con el que el Gobierno Nacional busca reformar el sistema de Salud en el país, logrando mantener vivos 133 artículos y eliminando 10 más.
La iniciativa había caído en el lodo por un plan tortuga que puso en marcha la oposición en el que rompían quórum y presentaban solicitudes para aplazar el debate, pero el Ejecutivo pudo superar ese bache para discutir los puntos más controversiales con los que tuvieron algunas victorias como lograr que las Entidades Promotoras de Salud, EPS, no se encarguen del pago a hospitales y clínicas.
Sin embargo, también tuvo varias pérdidas significativas, como la eliminación del controversial artículo 42, que un día antes había ocasionado que el debate se suspendiera tras la solicitud del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, de que se volviera a escribir ese punto que facultaba a los gobernadores y alcaldes para nombrar a los directores de los hospitales públicos, lo que no cayó bien entre los representantes que empezaban a rechazar su pronunciamiento, obligando al presidente de la corporación, Andrés Calle, a levantar sesión.
Ese punto perdió con 66 votos por el no y 53 a favor, luego los parlamentarios alegaran que ese mecanismo que proponía el Gobierno podría incentivar el clientelismo y que se debía hacer un concurso de méritos para elegir quienes ocuparían esos cargos.
Otra de las pérdidas para la Casa de Nariño fue la eliminación del artículo 128 que le otorgaba facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro por seis meses para actuar sobre la Nueva EPS, punto que criticaron porque podría significar la capitalización de la entidad.
Por otro lado, sí pasaron los artículos 122 y 123, con 99 votos a favor y 23 en contra, los cuales requerían de mayoría absoluta por su carácter estatutario, es decir, más de 94 apoyos en la Cámara. Estos avalaron las consultas previas para concertar con las comunidades indígenas, afro, raizales, entre otras, sobre sus sistemas de salud ancestrales.
Si duda, el paso adelante más grande que pudo dar la Administración fue la semana pasada cuando lograron aprobar los artículos 55, 56, 66, 67, 69, 72 y 75, que garantizan que los recursos para el pago a las IPS los gire directamente el Estado a través de la Adres.
Además, se aprobó que las EPS se conviertan en gestoras de salud, como había insistido el Ejecutivo, y que se materializa a través de los artículos 48, 49, 50, 52, 53, 54, 71, 125, 130 y 131. En ese sentido, las entidades tienen dos años para definir su transformación en caso de que el proyecto se mantenga en su paso por el Senado.
También, fue avalado que los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que tiene el objetivo de contar con uno de esos por cada 25.000 habitantes, sean considerados la puerta de entrada al sistema y cuyos servicios los prestará las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (Riiss).