El reciente decreto del Gobierno Nacional, que fija el salario mínimo mensual para 2025 en $1.423.500 pesos, más un auxilio de transporte de $200.000, ha generado diversas reacciones en el ámbito político, gremial y social.
De acuerdo con esta nueva cifra, varios sectores se han mostrado divididos, están quienes lo celebran como un avance en la dignidad laboral y quienes lo critican por sus posibles impactos negativos en la economía formal, estas son las distintas reacciones:
Gremios y personas que celebran el aumento:
Mafe Carrascal, congresista del Pacto Histórico, celebró el incremento y expresó en redes sociales: “¡El salario mínimo sube un 9,54% y queda en $1.623.500 con auxilio de transporte! Celebro esta decisión, presidente Gustavo Petro, porque reconoce el valor del esfuerzo diario de millones de personas que sostienen la economía con su trabajo. Este ajuste no solo significa un alivio en el costo de vida, sino también un mensaje claro de que la dignidad laboral merece ser protegida y fortalecida. ¡Es un motivo de celebración y esperanza para seguir construyendo un país más equitativo!”
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) valoró positivamente el aumento, afirmando: “Es un esfuerzo que hemos hecho los trabajadores y una situación que recibe el Gobierno del cambio, recuperando derechos para los trabajadores”. Además, destacó que este incremento es un paso hacia la reducción de la brecha salarial dejada por anteriores administraciones.
Estas son las organizaciones que rechazan elaumento del salario mínimo para el 2025:
Desde el sector empresarial, Javier Díaz, presidente de Analdex, mostró su preocupación por los efectos que podría tener este aumento en la economía formal y en la inflación. “El incremento real del salario es del 11%. Es muy alto cuando la inflación causada está en el 5,21%. Esto castigará la economía formal, el empleo formal, y llevará a que la inflación sea mayor el próximo año. Además, hará que las tasas de interés no bajen tan rápido como se esperaba, lo que es realmente muy grave”, puntualizó.
Además, entre otras organizaciones que se suman a la ola de rechazo está Fenalco y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
Asimismo, Rodolfo Correa, Presidente de Acopi, declaro que el aumento del salario mínimo para el 2025: “Es bastante preocupante para los micro pequeños y medianos empresarios del país”.
Según Correa, “desborda todos los presupuestos que teníamos en materia de alza”, desde el gremio de empresarios contabilizaban como máximo el aumento a un 7.5 %, y resaltó que en consecuencia, van a aumentar los costos de producción al subir los salarios, y “esto va a implicar que van a disminuir las posibilidades de vincular un nuevo personal”. Además, “los costos nuevos que representa para el empresario, pues se van a tener que trasladar necesariamente a los precios de los bienes y de los servicios”, Expuso el funcionario.
El congresista Christian Garcés también reaccionó ante este hecho y afirmó que “debió venir con otras decisiones públicas, (...) tiene implicaciones al no tomar la decisión Gustavo Petro de bajar los gastos de funcionamiento, porque esta decisión hoy impacta aún más el descuadre, las finanzas públicas donde el Congreso la República le hundió el presupuesto y la ley de financiamiento a Gustavo Petro pidiéndole una disminución del gasto para poder mantener la inversión social que esperan los colombianos, también se necesitan recursos para apoyar el empresariado, porque este aumento del salario dificulta la creación de empleos formales de calidad en nuestro país”. Expuso Garcés.
Declaraciones de la Ministra de Trabajo.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, defendió la decisión destacando que el decreto se ajusta a los criterios técnicos de la ley, ya que, el salario mínimo fue establecido teniendo en el índice de inflación IPC, el factor de productividad, la contribución de los salarios en el Producto Interno Bruto PIB y la productividad por hora trabajada. La jefa de cartera resaltó que como no hubo acuerdo en la mesa, el gobierno asumió su responsabilidad con este decreto.
La ministra detalló que hubo un exhaustivo proceso de deliberación que incluyó cinco reuniones plenarias, dos de la subcomisión de productividad y 15 encuentros bilaterales entre las partes. Además, resaltó que “los empresarios estuvieron en la mesa, nosotros escuchamos todas las argumentaciones, tanto de los empresarios como de los trabajadores y trabajadoras”.
El objetivo principal, según el gobierno, es garantizar el poder adquisitivo de las familias y dinamizar la economía a través del consumo, por lo que el decreto resalta que Colombia es el tercer país con mayor desigualdad en la región, con un coeficiente de GINI de 0,556. Más de 3 millones de personas ganan un salario mínimo y más de 10 millones de colombianos reciben menos de este monto, lo que subraya la importancia de esta política para combatir la pobreza.
Finalmente, la funcionaria destacó la importancia del diálogo social: “Debo darles reconocimiento a la mesa de concertación, en medio de las diferencias hubo respeto, hubo argumentación. (....) volveré a hablar con todos ellos”.