La Procuraduría General de la Nación emitió una sanción contra el gobernador electo del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, por infringir la Ley de Cuotas durante su periodo como alcalde de Santa Marta.
El ente de control argumentó que Martínez, en su calidad de exalcalde, desatendió el principio de igualdad al designar únicamente a tres mujeres y nueve hombres en cargos de máxima responsabilidad, contraviniendo las disposiciones destinadas a propiciar una distribución más equitativa de géneros en los puestos de elección popular.
La decisión
El fallo, que actualmente está en primera instancia, impone una suspensión de ocho meses al gobernador electo. Dado que Martínez ya no ocupa el cargo de alcalde, la sanción se convertirá en una multa económica.
La Procuraduría catalogó la falta como grave, a título de culpa grave, al considerar que atenta contra el adecuado funcionamiento del Estado.
La Ley 581 de 2000 busca salvaguardar los espacios de las mujeres y fomentar la inclusión de género en los cargos de dirección en las diversas ramas del poder. El fallo puede ser apelado ante la sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
Perfil del gobernador
Martínez, con una formación académica en administración de empresas y negocios internacionales, resultó electo en este cargo como gobernador del Magdalena en las pasadas elecciones regionales del 29 de octubre.
Su victoria fue contundente, superando a sus oponentes Mallath Paola Martínez y Franklin del Cristo Lozano. Recibió el respaldo del exgobernador Carlos Caicedo, consolidando así una alianza que tiene raíces en años anteriores.
Rafael Alejandro Martínez se presentó apoyado por el Movimiento Político Fuerza Ciudadana y era el candidato con mayor respaldo en las encuestas.
Con un sólido 48 % de preferencia, Martínez ha logrado atraer a un gran número de votantes con su plataforma centrada en el desarrollo y la transformación del Magdalena. Su experiencia como exalcalde de Santa Marta respaldó su candidatura, y su enfoque en la inversión en infraestructura y educación ha ganado el apoyo de una parte significativa del electorado.
Investigación por parte de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación informó, en la primera semana de octubre, la apertura de una investigación disciplinaria contra el exgobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, debido a las presuntas declaraciones políticas después de la revocatoria de la candidatura de su hermana, Carmen Patricia Caicedo Omar.
Esto, al parecer, porque Caicedo habría utilizado redes sociales y medios de comunicación para referirse sobre el caso de inhabilidad de su hermana.
Tras las actuaciones de Caicedo, “se investigará si se presentó alguna falta disciplinaria relacionada con la intervención en política, al emplear el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas. Y por proferir indebidamente opiniones o criterios dirigidos a influir en la decisión de autoridades, en este caso electorales, en su propio beneficio o de un tercero”, expresó el Ministerio Público.
“En el proceso disciplinario, el organismo de control verificará si se cometieron las presuntas conductas, quién o quiénes serían sus autores, si se configuraron faltas disciplinarias, si se infringieron los deberes funcionales del mismo. Así mismo, si concurren causas excluyentes de la responsabilidad o si, por el contrario, resulta comprometida la responsabilidad disciplinaria del actual gobernador del departamento del Magdalena, al parecer cometida entre los últimos días de septiembre y principio de octubre de 2023″, añadió la Procuraduría.
“¿Por qué el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría pisotean la Constitución y las Leyes nacionales, negando el derecho de que sean los ciudadanos los que decidan quiénes los deben gobernar?”, se lee en un trino publicado por Caicedo.