En el contexto de la trascendental tarea de elegir al próximo fiscal general, la atmósfera en la Corte Suprema de Justicia se ha vuelto tensa y preocupante. Desde que el presidente Gustavo Petro presentó la primera terna en agosto del año pasado para reemplazar a Francisco Barbosa, algunos magistrados han sentido que podrían ser objeto de seguimientos e interceptaciones.
La inquietud ha ido en aumento, llegando al punto de que la Corte expresó al Gobierno su rechazo a posibles seguimientos y vigilancias, según relató el director del Dapre, Carlos Ramón González.
Un magistrado, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló a SEMANA: “El país conoce todas las reservas y prevenciones sobre el manejo que las agencias del Estado le están dando a la inteligencia”. A pesar de la prudencia de los togados, un hecho específico ha generado inquietud: la situación que enfrenta el magistrado Gerardo Botero, vicepresidente de la Sala Laboral, quien presentó una tutela argumentando la necesidad de incluir a un hombre en la terna propuesta por Petro, compuesta exclusivamente por mujeres.
Aunque el Consejo de Estado rechazó la tutela, Botero ha experimentado hostigamientos, amenazas y, más alarmante aún, el robo de su computadora personal, que contenía información confidencial sobre investigaciones de su despacho. Botero expresó su preocupación, sugiriendo que estos eventos podrían ser mecanismos para intimidarlo y modificar sus posturas independientes y autónomas.
En respuesta a la tutela, el presidente Petro llevó el asunto a las redes sociales, desencadenando ataques en redes y mensajes intimidantes en el correo electrónico personal de Botero. Estos mensajes incluían acusaciones graves y amenazas, generando un claro clima de hostigamiento.
La situación se tornó más intensa cuando el 26 de septiembre, el mismo día que Petro modificó la terna, ocurrió otro robo en la casa de Botero bajo la modalidad de la “llamada millonaria”. Este suceso, junto con el reciente robo de su computadora, ha aumentado las sospechas de que los intrusos están al tanto de información específica sobre la familia Botero.
El magistrado ha solicitado a las autoridades una vigilancia especial y una revisión exhaustiva de su casa ante la posibilidad de que los delincuentes hayan instalado dispositivos de espionaje. La sensación de vulnerabilidad persiste, y Botero ha llevado su caso a la relatoría especial de Naciones Unidas que protege la independencia de los magistrados y abogados.
El 25 de enero está programada la votación para elegir al nuevo fiscal, pero fuentes de la Corte sugieren que es improbable que se alcance una decisión en esa fecha. Dos razones fundamentan esta perspectiva: la elección del nuevo presidente de la Corte y la necesidad de que la Corte madure su decisión sobre la terna.
En una situación más inquietante, el magistrado Botero sufrió un robo en su casa durante las vacaciones de fin de año, donde los delincuentes se llevaron su computadora personal, que contenía información confidencial. Este robo, junto con el ocurrido en septiembre, plantea serias preguntas sobre la seguridad y la posibilidad de que los intrusos tengan información privilegiada.
La situación actual en la Corte Suprema ha suscitado preocupaciones generalizadas, y los magistrados se encuentran en una posición delicada en medio de un proceso de elección crucial y un clima de tensiones crecientes. La investigación está en manos de la Fiscalía, pero las incógnitas sobre la seguridad y la integridad de los magistrados persisten, alimentando la incertidumbre en la justicia colombiana.