En la ciudad de Popayán, Cauca, las autoridades establecieron una regulación en la venta y distribución de gasolina y ACPM, en medio del paro, que adelantan transportadores de carga así como conductores de busetas y colectivos urbanos.
De acuerdo con el mandatario de los payaneses, Juan Carlos Muñoz Bravo, “la medida busca el acceso equitativo a los combustibles y evitar el desabastecimiento y acaparamiento en medio de la actual crisis que generan esas movilizaciones”.
Por esta manera entró en vigor en la capital del Cauca el Decreto 2725, que establece medidas temporales para la venta y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en la capital del Cauca.
La medida establece un control estricto sobre la comercialización de combustibles en las quince estaciones de servicio que cuenta la ciudad, limitando la venta de gasolina y ACPM a ciertos montos según el tipo de vehículo: Vehículos de carga pesada: $100,000. Particulares: $50,000. Motocicletas: $15,000. Buses y chivas: capacidad máxima del tanque.
Además, queda prohibida la venta de combustibles en recipientes como pimpinas, barriles o canecas, con el fin de evitar la especulación y el mercado negro. La Policía y funcionarios de la Secretaría de Gobierno municipal serán los encargados de contrarrestar esta clase de prácticas.
Vehículos oficiales y ambulancias tendrán acceso preferencial
El decreto reserva un 12 por ciento del total de combustibles para vehículos que prestan servicios esenciales, como ambulancias, transporte de insumos médicos, y fuerzas de seguridad.
Estos vehículos tendrán prioridad absoluta en el suministro de gasolina y ACPM para garantizar la continuidad de los servicios básicos en salud y seguridad.
También para mejorar el control y reducir las posibilidades de acaparamiento, la venta de combustibles estará permitida solo entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.
Después de este horario, las estaciones deberán cerrar sus servicios al público, excepto para los vehículos priorizados.
Por eso la Alcaldía, en conjunto con la Policía Metropolitana, implementará operativos de inspección y decomiso de combustibles que se estén comercializando de manera irregular.
Los infractores podrán enfrentar multas y sanciones, según lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016, y se solicitó la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio para iniciar procesos sancionatorios en casos de especulación.