En el Bajo San Juan, en Chocó, donde las comunidades vivieron con mayor fuerza el paro armado del ELN, el anuncio de esta guerrilla de levantar ese bloqueo desde las 6 de la mañana de este lunes, lejos de generar confianza a sus pobladores, aumentó su incertidumbre.
En la zona afectada no se consiguen alimentos, tampoco artículos de primera necesidad.
La Defensoría del Pueblo reveló que son un total de 85 comunidades afro e indígenas, es decir, unas 45.000 personas, las que están en situación crítica; “7500 de ellas están con doble afectación por la agudización del conflicto armado y factores ambientales o efectos asociados al cambio climático, lo que deriva en una situación de emergencia humanitaria”, subrayó la entidad.
Lo anterior porque, además del paro armado que se levantó, la confrontación y disputa territorial del grupo rebelde con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) agrava lo que está ocurriendo con las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón, y en inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá, subrayó la Defensoría.
Los principales sectores afectados fueron el comercio, alimentos, transportes, educación, salud, pero también la escasez de medicamentos.
De acuerdo con Noticias Caracol, la crisis se ve representada en la situación que vive Doralina Mosquera, quien se vio obligada a salir de su hogar por el hambre.
“Para ver si yo vendo mi racimito para comprar algo más que huevo, porque se ha aguantado hambre en el pueblo y todo. No tenemos solución de cómo comprar, porque hasta que hoy vamos a pescar con el anzuelito”, afirmó al citado medio.
De igual forma, al menos tres personas perdieron la vida durante el paro armado, entre ellas una menor de 18 meses quien habría fallecido por desnutrición severa, al igual que una mujer embarazada y el bebé.
La Defensoría sostuvo que el también afectó a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, Chagpien Tordó, así como de quienes forman parte de los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.
Agregó que “es oportuno que atiendan las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas emitidas para la subregión del San Juan: la 020 del 2021, 025 del 2021, 027 del 2021 y 012 del 2022, actualizadas con Informes de Seguimiento, máxime que durante el 2023 hubo seis paros armados en el departamento, más dos que ya son registrados en este 2024″.
De otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, de origen chocoano, a través de su cuenta en X fustigó las acciones del Clan del Golfo y el ELN en la comunidad de San Juan, donde aseguró cerca de mil niños, niñas y jóvenes no pudieron presentar la Prueba Saber 11, antes conocida como Icfes.
“El resultado de estas pruebas es una oportunidad única para sacar de la pobreza a las personas, yo soy un ejemplo de ello, mi examen que lo presenté en Istmina, municipio hoy afectado, me permitió acceder a una beca que transformó mi vida”, afirmó Murillo.
Las autoridades del Chocó también se han pronunciado sobre el tema y han pedido que la movilidad no se vea más afectada y que las personas puedan desplazarse con total normalidad por sus territorios.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, también aseguró que son unas 5000 familias las que deben ser atendidas en el desplazamiento y el confinamiento que ha generado la emergencia y que “procederemos a atender, el gobierno departamental ha comenzado con quienes están desplazados en Istmina, a través de la Unidad para las Víctimas, que ha dado prioridad al municipio de Sipi que está en un 100% afectado por esta emergencia humanitaria tanto en su zona rural como en la cabecera municipal”.
Agregó que también se le dará prioridad a la situación que viven los municipios de Medio San Juan, Novita, istmina, y zona rural de los municipios que tienen presencia del ELN y que no han sido directamente mencionados por la alerta, pero que también genera una afectación.
La Unidad para Atención de las Víctimas, informó que llegó a la comunidad de Istmina donde se embarcaron los kits para el municipio de Sipí, y los corregimientos.
“También tuvimos reunión con alcaldes, líderes, lideresas, de la comunidad y hemos podido constatar el sufrimiento que ha tenido el pueblo en estos días de confinamiento: hambre, enfermedades, toda suerte de vejámenes, entonces queremos aquí articuladamente las entidades responder y en particular la Unidad para las Víctimas que tiene una responsabilidad en todo lo que tiene que ver con emergencias y ayuda humanitaria”, Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas.
En ese sentido, dijo que han llegado a algunas conclusiones de cómo la Unidad para las Víctimas puede servir de forma más eficaz a la situación de este pueblo en el Chocó.