Sigue la polémica por la orden de detención que emitió la Fiscalía contra Aníbal Gaviria

"La decisión de la Fiscalía es muy dolorosa e indignante para mí, personal y familiarmente, y desde el punto de vista institucional, para nuestra Antioquia genera una costosa estabilidad, que, adicionalmente, afecta el desempeño en la atención, hoy absolutamente prioritaria de la pandemia”.

Así se pronunció este lunes el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien además anunció que radicará ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de nulidad en contra de la medida de aseguramiento que el pasado viernes le dio a conocer el ente acusador por supuestas irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz.

Según Gaviria, hoy sustituido por Luis Fernando Suárez en calidad de encargado, la decisión del fiscal general, Francisco Barbosa, es abiertamente contraria a la ley, la justicia y la dignidad humana, además de demostrar un interés mayor en los titulares de prensa que en fundamentos jurídicos.

Agregó que la contratación para la pavimentación del tramo La Cruzada–Caucasia, suscrito en 2005 por $41.663.432.778, cumplió con todos los requisitos de ley, por lo que confía en que la Justicia obrará a su favor.

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"En Colombia no se ha investigado, como debió haberse hecho, el caso Odebrecht. La ‘Ñeñepolítica’ también debe ser investigada y el Fiscal tiene que darnos respuestas de lo ocurrido y mostrar que actúa con transparencia”, dijo Sergio Fajardo, quien ayer también fue vinculado al caso en calidad de exgobernador de Antioquia, al igual que Luis Alfredo Ramos.

En la mañana, Fajardo se mostró dispuesto a dar explicaciones y dijo estarse preparando para una “avalancha de trampas y fake news”, aludiendo a su condición de presidenciable.

Y en la tarde publicó en Twitter: “Me acaba de llegar el documento del contrato en discusión. La liquidación unilateral se hizo el 20 de diciembre del 2011, antes de mi posesión como gobernador. A nosotros nos tocó poner el edicto. Nada que ver con ese contrato. La verdad siempre presente”.

Ramos, a su vez, manifestó su “entera disposición de atender el llamado de las autoridades competentes frente a mis actuaciones como Gobernador de Antioquia, siempre ajustadas a la ley”.

Por su parte, el presidente Iván Duque señaló que, pese a que respeta la institucionalidad, espera que el Gobernador de Antioquia aclare la situación de manera exitosa.

“No tiene sentido que a un colombiano se le abra una investigación y quince años después le dicten orden de captura cuando los involucrados directos no la tienen. Hasta ahora las actuaciones del Fiscal contra los policías de la ‘Ñeñepolítica’ lo que generan son cuestionamientos y preocupación acerca de cuáles son realmente los móviles de su actuación: el sentido de acertar o si está pretendiendo encubrir a su amigo, el presidente Duque”, aseguró el analista político Jhon Mario González.

Según él, Barbosa está en mora de apartarse “absolutamente” de la investigación de la ‘Ñeñepolítica’, no solo por impedimentos de tipo legal, sino éticos y conflicto de interés.

Sin embargo, el exviceministro Rafael Nieto aseguró que ante el caso relacionado con las interceptaciones telefónicas hechas al extinto narcotraficante José Guillermo Hernández y el Fiscal General debe mirarse lo que dice la ley sobre conflicto de interés “y acá no parece haberlo”.

“Tampoco creo posible afirmar que sus decisiones están siendo más políticas que jurídicas, aunque no yo haya estado en desacuerdo con algunas de sus actuaciones”, puntualizó.