Luego de dos meses desde que se intervino la Nueva EPS, la Superintendencia de Salud reveló los hallazgos encontrados por parte del interventor designado.
De acuerdo con el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, entre los hallazgos más relevantes está el ocultamiento de cerca de $5 billones de pesos en facturas que se encontraban “engabetadas” y que no habían sido legalizadas al interior del sistema. Lo que genera múltiples dudas que cómo fue el manejo en materia financiera y en los balances que se presentaban en la junta directiva año tras año de esta EPS.
“Se realizó mediante una modalidad denominada como jineteo, que año tras año para lograr un balance financiero adecuado al terminar el periodo, se ocultaban las facturas del año anterior y se registraban como si fuesen del año siguiente”, explicó Leal. Este proceso lo que generaba era una disminución en el recurso económico inicial para la prestación de los servicios de salud durante cada uno de los años, llegando a una cifra por encima de los $5 billones de pesos.
Según la Supersalud, se detectó que esta modalidad venía ocurriendo al menos desde el año 2019 y presuntamente desde años atrás.
“La Fiscalía General de la Nación se encuentra adelantando un proceso de investigación al interior de la Nueva EPS y que revelará cuáles son las verdaderas causas y los orígenes para que este ocultamiento financiero se halla dado al interior de la entidad de salud y sobre todo que el país conozca quienes son las personas responsables de todo este proceso”, puntualizó el Superintendente de Salud.
Leal también aclaró que la junta directiva más reciente de la Nueva EPS tuvo la responsabilidad de negar la aprobación de estos estados financieros y de allí se desprendió una investigación interna que resulto después en la intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia de Salud.
De igual manera, la Supersalud reveló que se evidenció un incremento de los costos médicos entre el año 2022 y 2023 del 58.3 %, cifra que hace que hoy la siniestralidad esté por encima de lo requerido por la norma y la ley.
Además, Leal manifestó que existen múltiples contratos al interior de la entidad, que no se han legalizado, que faltan datos y que no proporcionan una adecuada auditoria, es decir, que no se pueden revisar si efectivamente los contratos que estaba haciendo la Nueva EPS por lo cuales se estaban pagando, estaban cumpliendo con el objetivo y beneficiando a la población.
Por otro lado, se encontró que se estaba pagando a la Nueva EPS el 100 % de las atenciones en materia de promoción y mantenimiento de la salud, sin embargo, las actividades no se realizaban en su totalidad, afectando directamente la salud de los pacientes afiliados. El porcentaje real de ejecución sobre el 100% pagado es el siguiente:
- Consulta en planificación familiar: 26.8 %.
- Tamización para cáncer de mama: 37.8%
- Tamización para cáncer colorrectal 23.4 %.
- Tamización para cáncer de próstata: 32. 4 %.
“Todo esto resulta en que no se genere un adecuado manejo para las enfermedades que son detectables y que son prevenibles. Teniendo resultados lamentables como que las personas tuviesen que ser diagnosticadas en enfermedades crónicas y muchas veces terminales cuando ya acudían a urgencias. Aun cuando la Nueva EPS generaba los cobros y se incrementaban los gatos médicos”, puntualizó el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.