La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenó la intervención forzosa administrativa a la EPS Coosalud después de que se hallaron “deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas”.
Estas irregularidades, recurrentes, además, han afectado a la prestación de los servicios, por ende, a la continuidad de los tratamientos y controles médicos de los afiliados.
La orden emitida por la Supersalud indica que se “recalcan deficiencias graves en la identificación temprana del riesgo obstétrico; debilidades en la garantía del registro oportuno de las dosis administradas a sus afiliados; deficiencias en la implementación de la ruta de enfermedades huérfanas”.
También, se señaló que ha habido “(...) incremento en la tasa de reclamaciones en salud, donde se destacan la inoportunidad en la asignación de citas médicas, inoportunidad o entrega incompleta de medicamentos y fallas administrativas propias de la operación de la entidad, así como el incumplimiento con la inversión para el respaldo de la reserva técnica”.
Supersalud efectuó una auditoría de habilitación y permanencia a Coosalud EPS, en la que se identificó que hay un bajo nivel de cumplimiento de las actividades de la siguiente manera: 6 % de actividades cumplidas a cabalidad, 58 % en ejecución y 36 % sin avance.
Supersalud tiene en su poder 21 hallazgos que impulsaron la decisión. Se aclaró que con esta medida, “se ordena también la separación inmediata de la actual representante legal suplente, Natalia Largo González, así como los todos los miembros de la Junta Directiva, y se designa como agente especial interventor a Mauricio Camaro Fuentes”.
Resulta importante comentar que la Superintendencia de Salud aclaró que esta decisión consiste en administrar la EPS, más no para liquidar.