Hasta el 9 de febrero de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud extendió la medida preventiva de Programa de Recuperación que rige sobre la EPS Servicio Occidental de Salud (S.O.S.).
Asimismo, la Supersalud ordenó implementar 11 actividades enfocadas a trabajar en la estabilización financiera, con el fin de garantizar la gestión de salud en favor de sus afiliados ubicados principalmente en los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, Cauca y Quindío.
Entre las instrucciones impartidas se encuentran:
- Intensificar las acciones de identificación, seguimiento y resolución de las barreras de acceso para el cumplimiento de las Rutas integrales de Atención (RIAS), enfocadas en los grupos de riesgo priorizados en la entidad: cáncer, riesgo cardiovascular y salud materno perinatal e infantil.
- En un término de 6 meses fortalecer la red de servicios en los departamentos donde hace presencia; identificando y gestionando la suficiencia, oferta y demanda de prestadores y demostrando con resultados concretos la garantía de la prestación de los servicios de salud en cuanto a coberturas, gestión del riesgo, trazabilidad de sus procesos, satisfacción del usuario y afiliaciones.
- Cumplir las condiciones financieras y de solvencia.
- Continuar con las estrategias que impacten en la reducción y resolución de fondo de las reclamaciones en salud de sus afiliados, con el fin de mejorar la calidad, el acceso y la oportunidad en la atención, autorización de servicios, medicamentos y tecnologías en salud.
Dentro de la resolución que prórroga esta medida preventiva, la Supersalud realizó un diagnóstico de la realidad de la EPS, en el que se evidencian, entre otras, las siguientes conclusiones:
- A noviembre de 2023, la EPS ocupaba el segundo lugar en el ranking por reclamaciones entre 13 EPS del régimen contributivo con una tasa mensual de 34,20 peticiones, quejas y reclamos (PQR) por cada 10.000 afiliados.
- La EPS ha mostrado un desempeño positivo en la reducción de la mortalidad materna, pero enfrenta desafíos en indicadores como captación temprana al control prenatal, incidencia de sífilis congénita y vacunación en menores de un año. Además, se identifican incumplimientos en acciones de protección específica y detección temprana, especialmente en el control de diabéticos e hipertensos.