Este viernes, el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) en Colombia, Bo Mathiasen, resaltaron las ventajas de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por encima de la forzosa.

Ambos funcionarios defendieron la "eficiencia" y "sostenibilidad" económica y social de la sustitución voluntaria de cultivos de coca con alternativas legales como el cacao o el café, frente a medidas más expeditivas como la erradicación forzosa.

El pronunciamiento se dio en medio de la firma de un proyecto que busca fortalecer la política de reducción de cultivos ilícitos en el país. En él se invertirán 315 millones de dólares en la erradicación de cultivos de coca y el desarrollo de cosechas alternativas, dentro del apoyo al proceso de paz entre el Gobierno y la las Farc.

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Pardo explicó que el "94 por ciento de las familias que entran en el programa destruyen sus cultivos de coca y los cambian por otro" legal, según los datos verificados por la Onudd.

"El acuerdo que se ha firmado este viernes entre el Gobierno de Colombia y la Onudd no sólo es el acuerdo más grande en términos económicos que ha firmado esta organización de la ONU, sino que también es el mayor que ha firmado Colombia respecto a las drogas con Naciones Unidas", expuso el responsable colombiano.

Pardo reiteró el compromiso del Gobierno de Colombia de eliminar para 2018 un total de 100.000 hectáreas de coca, la mitad mediante erradicación forzosa y el resto con sustitución voluntaria, con la participación de casi 120.000 familias.

Los cultivos de coca en Colombia alcanzaron en 2016 las 146.000 hectáreas, según datos de la Onudd.

Ya se han eliminado este año unas 40.000 hectáreas mediante la erradicación forzosa y algunos analistas han resaltado la diferencia de ritmo respecto a la sustitución voluntaria, más lenta.

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Pardo reconoce que la erradicación forzosa es mucho más rápida, pero la sustitución de cultivos "tiene una sostenibilidad permanente" y agrega: "Un campesino que entra en la actividad legal no vuelve a sembrar productos ilegales".

La erradicación forzosa "es una actividad casi unilateral, que consiste en enviar a una patrulla militar o un grupo de policía a una zona", mientras que "sustituir implica que hay que hablar una por una con cada familia", resume.

"Es más fácil llenar un avión de 'glifosato' y mandarlo a cualquier parte y por la tarde rellenar una hoja de 'excel' diciendo que has erradicado 100 hectáreas", afirma Pardo sobre el ya prohibido modo de usar ese herbicida para destruir plantaciones.

"En erradicación forzosa se han eliminado 40.000 hectáreas. En sustitución voluntaria hay 34.000 familias involucradas y tienen que hacer esa erradicación en el próximo mes", avanza Pardo.

Por su parte, Mathiasen, el representante de la Onudd, respaldó las palabras de Pardo y explicó que los resultados con cultivos alternativos son "exponenciales", ya que tienen un inicio muy lento por la negociación con cada familia, y el resultado tarda algo más en llegar.

Mathiasen confía en que hasta final de año se consigan eliminar unas 20.000 hectáreas gracias a la sustitución del cultivo de coca.

"Estamos en un camino que va a crecer cada mes, rápidamente". asegura.

El experto de la ONU también recalcó que la sostenibilidad de estos programas es mucho mayor que la erradicación forzosa, que no ofrece alternativas a los campesinos que, por tanto, vuelven a cultivar hoja de coca al poco tiempo.

"La resiembra de zonas de erradicación forzosa sin la intervención de alternativas de desarrollo es muy elevada. Sabemos que a los tres meses de la erradicación, la resiembra es del 25 al 30 por ciento. Y después de un año alcanza el 50 por ciento o más" de la superficie erradicada, explica Mathiasen.

"La erradicación forzosa no es desarrollo, es una medida represiva", resume el representante de la Onudd, mientras que el cultivo alternativo busca "transformar el modelo económico" a largo plazo.

Otro de los problemas que Pardo reconoce para aplicar el programa de cultivos alternativos es el aumento de la violencia en los territorios que la ya extinta guerrilla de las Farc ha abandonado como parte del acuerdo de paz firmado en 2016.

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"En el proceso de sustitución y de erradicación hay una oposición de distintos grupos ilegales", que ven en esas iniciativas una amenaza a su negocio, destaca Pardo.

El responsable colombiano subraya que su Gobierno considera una "prioridad" afrontar esa situación y que tanto el ejército como la policía han aumentado su presencia en esas zonas para mejorar la seguridad.

"No hay una varita mágica que pase del infierno al cielo, se está avanzando, pero mientras haya matas de coca plantadas, hay quien las compra, grupos ilegales y mafiosos, que buscan que esas matas sigan produciendo", concluye.