Esta semana Nueva York se sumó a los otros 14 estados de EE.UU. que aprueban el uso de la marihuana con fines recreativos. El proyecto tuvo el respaldo de las dos Cámaras y del gobernador Andrew Cuomo, quien aseguró que la norma brinda justicia a comunidades marginalizadas, fomenta una nueva industria que hará crecer la economía y establece garantías de seguridad a su gente.

La entrada en vigor de esta ley le generaría a New York ingresos cercanos a los US$350 millones anuales en impuestos, como también la generación de miles de puestos de trabajo. Además, parte de los dineros irán a fondos para la educación y la lucha contra la drogadicción.

Sobre esto, el Representante a la Cámara por el Partido Liberal, Juan Fernando Reyes Kuri, le dijo a El País que es el momento de dar el mismo paso que grandes potencias están dando hacia un cambio importante sobre la lucha contra el narcotráfico, pero no con políticas prohibicionistas, sino con regulación y generación de empleo entorno a esta actividad.

¿Por qué New York y otras grandes ciudades lograron la regulación y en Colombia no ha sido posible?

El problema es que gran parte del Congreso es muy conservador con este tema, tratan el debate desde una postura muy moralista y no basada en argumentos. Hay que entender que es un cambio brusco porque históricamente se ha manejado con políticas prohibicionistas que, sin lugar a dudas, han fracasado rotundamente y no lo digo yo, lo dicen los hechos, que reflejan que cada vez hay más cultivos de marihuana.

En Colombia, perseguimos a las personas que producen y comercializan cannabis mientras en otros países ellos generan riqueza...

En el mundo ya hay muchos países que han regulado el consumo de cannabis como Canadá, Uruguay, Sudáfrica, Holanda, Jamaica y algunos estados de Estados Unidos. La regulación de esta industria sería una gran ayuda en medio de la pandemia del Covid-19. Por otro lado, la OEA ha pedido a sus países miembros buscar otros enfoques para abordar la guerra contra las drogas. La ONU acaba de retirar de la lista de estupefacientes nocivos al cannabis, reconociendo su potencial medicinal y terapéutico. Si regulamos estaríamos controlando dónde, cómo, quién y qué se produce, se comercializa y se consume.

En términos financieros, ¿qué beneficios traería al país la regulación del cannabis con fines recreativos?

Solo la industria del cannabis medicinal genera alrededor de 17 empleos formales por cada hectárea sembrada. Para 2025, podría haber un crecimiento de cerca de 10% del área cultivada, llegar a 450 hectáreas, más de 7.000 empleos e ingresos cercanos a US$790 millones.

Esto evidencia que es un impulso para la generación de empleo y la competitividad del país en un momento clave de reactivación económica. Además, el recaudo generado por esta industria podría evitarle al país una reforma tributaria.

A propósito de la reforma tributaria, ¿qué postura adopta usted y su Partido?

En el Partido Liberal tenemos claro que no vamos a grabar los productos de la canasta familiar. Aquí quiero retomar el tema de la regulación del cannabis porque los ingresos que podría generar esta industria supondría un alivio tributario importante, pero nosotros seguimos tratando el tema con muchos moralismos y no con argumentos. Otro tema es que la clase media no puede seguir asumiendo los costos de cada reforma tributaria que plantea el Estado, hay que replantear todo, pero buscando alternativas que sean equitativas para todas las clases sociales.

Usted ha presentado un proyecto de ley para regular el cannabis para fines recreativos, ¿de qué se trata esta ley y en la práctica cómo sería?

El proyecto consiste en modificar el Artículo 49 de la Constitución Política que básicamente trata de levantar, (solo para el cannabis) la prohibición que existe para el consumo, producción y comercialización de esta sustancia.

Luego de levantar la restricción lo que hay que hacer es presentar una ley que establezca cómo se va a regular el uso del cannabis, esto reduciría el mercado ilegal y le permitiría al Estado tener mayor control, evitar su venta a niños, niñas y adolescentes.

La prohibición genera más violencia de la que previene. Es la guerra la que nos mata, no el cannabis, que hoy está regulado por la criminalidad y no por el Gobierno. Y otra cosa, con la regularización se podría reducir el consumo, como es el caso del tabaco, que desde que el Estado lo regula se han visto cifras de reducción del consumo del mismo.

Pasando a otro tema, el Valle del Cauca está teniendo serios problemas con la seguridad, la Gobernación del Valle solicitó al Gobierno un aumento de pie de fuerza, ¿cómo analiza esta situación?

Rechazo rotundamente los hechos de violencia que han sufrido los vallecaucanos en estos meses, pero hago un llamado tanto a la gobernadora, Clara Luz Roldán, como al Alcalde de Cali para que asuman la responsabilidad de esta situación. Una de las primeras obligaciones que tienen es garantizarle la seguridad a la comunidad. No pueden hacerse los locos y reducir todo a un aumento de pie de fuerza, que es importante, pero también es importante que implementen otras fórmulas, como ampliar la cobertura de las cámaras de seguridad, el software y reforzar el sistema penitenciario.

El concejal Fernando Tamayo dijo que el 46 % de Cali no cuenta con cobertura de cámaras de seguridad y esto sumado a que el Alcalde redujo el presupuesto para la seguridad, hacen que la problemática sea más compleja de tratar, ¿Qué observaciones hace?

Lamentable que el Alcalde redujera el presupuesto para la seguridad de la ciudad. En medio del evidente aumento de robos y homicidios no se puede adoptar esa postura. En nombre de los caleños le pido al mandatario que replantee está decisión y aumente el presupuesto para tener un incremento en el pie de fuerza, de numero de cámaras de seguridad y para desarrollar nuevas tecnologías que le permitan a la Policía hacerle frente a la delincuencia y otros males que padece la capital del Valle.

Por ejemplo, el alcalde Armitage tuvo un programa exitoso que ayudaba a vincular a expandilleros de las comunas más violentas de Cali a programas sociales. Es lamentable que la Administración de Ospina haya ido desmontando este programa que estaba teniendo resultados importantes en el ámbito social.

¿En qué proyectos está trabajado actualmente?

En junio vamos a volver a presentar la regulación del cannabis con fines recreativos. La otra semana seguiremos atentos al debate sobre la eutanasia y un proyecto que dará más facilidades para tramitar el divorcio, que consiste en eliminar las causales en caso de que se haya ido el amor, se pueda hacer el trámite de manera unilateral. Y, por último, estaremos trabajando fuertemente en un proyecto de ley para poder proteger, promover y reconocer al viche como bebida ancestral y patrimonio colectivo de las comunidades negras del Pacífico colombiano. Esto sería un impulso muy grande para la economía del puerto de Buenaventura.