El nombramiento de la primera dama como embajadora en Misión Especial, en la que logró ir a Italia, en representación del gobierno colombiano, llevando a cabo varios recorridos como la visita al Vaticano, a la planta de la reconocida empresa Ferrero S.p.A y al proyecto social de la compañía ‘Joy of Moving Village’, hoy fue rechaza por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Y es que los viajes de la primera dama han dado de qué hablar, tanto así que una demanda llegó hasta los juzgados denunciando que con dicho viaje al Vaticano se infringió el artículo de la Constitución que reza que los funcionarios públicos: “no podrán en ejercicio de sus funciones nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.
¿Qué dijo el Tribunal?
La demanda, interpuesta por el ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña, ya tuvo una respuesta en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “El acto de designación de la señora Verónica del Socorro Alcocer García como Embajadora en Misión Especial a la Ciudad del Vaticano fue expedido con infracción de la norma sobre la cual debería estar fundada, resultando así nulo conforme a la remisión normativa del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establecida en el inciso primero del artículo 275 de dicho código”.
La sentencia anticipada se refiere al decreto suscrito por el Presidente de la República en el que designa a la Primera Dama Embajadora en Misión Especial, entre el 13 y 14 de enero de 2023, para que ella asistiera a la audiencia asistida por el Papa Francisco en la ciudad Roma, Italia.
Finalmente, el ente concluye “los principios de moralidad, transparencia e igualdad de nuestra Carta Política impiden y repelen cualquier forma de concentración del poder en unos cuantos y propenden para que el acceso a la función pública no sea consecuencia de prácticas nepotistas o clientelistas”.
Además, hay que tener en cuenta que la primera dama no es una servidora pública, de ahí que: “No podría ser destinataria ni de comisiones, ni de viáticos regulados para los servidores públicos, a quienes se dirige la normatividad invocada en el Derecho cuestionado”.
Entonces, la designación de Verónica Alcocer representa una infracción a la norma. Hasta ahora, la Primera Dama no ha contestado a la demanda interpuesta.
Al respecto, también se ha referido la Procuradoría asegurando que “un servidor público y actuar en ejercicio de sus funciones, expidió un Decreto en el que designa o nombra como Embajadora en Misión Especial a su esposa, Verónica Alcocer, persona con la cual está ligado por matrimonio o unión permanente, razón por la cual se debería declarar la nulidad del numeral primero de este acto administrativo”.
De hecho, a comienzos de este año se conoció la denuncia de que Verónica Alcocer tiene un equipo de asesores que le ha costado al Gobierno cerca de 1.000 millones de pesos desde agosto de 2022, cuando Petro asumió la Presidencia. En ese equipo hay maquillador, fotógrafo, asesora con sueldo de ministro y una mejor amiga en nómina, según reveló el portal La Silla Vacía.
Sobre estos hechos, la Presidencia de Colombia explicó “los gastos derivados de la labor que realiza” Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, al aducir que cumple una función social y tiene atribuciones legales.