El Gobierno Nacional seguirá tomando decisiones en torno a las plataformas que prestan servicios de transporte público en el país.
Según la superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, siguen las investigaciones sobre estas compañías, por lo que se espera que en los próximos días se tomen nuevas determinaciones.
La funcionaria, en entrevista con El País, explicó las razones de la orden de liquidación de Picap y las sanciones a Uber.
¿Por qué las decisiones recientes contra estas dos empresas, que ya tienen varios años funcionando en el país?
La Superintendencia de Transporte empezó a recibir diferentes denuncias referentes al caso de Picap, que presta el servicio de transporte mediante motos y vimos que aparentemente podía haber alguna preocupación en el servicio que estaba prestando la empresa CAP Technologies SAS (propietaria de Picap).
Empezamos a realizar algunas pruebas de toda índole y eso llevó a dos conclusiones después de casi un año: Que la empresa tiene unas debilidades a nivel jurídico, contable y financiero, lo que nosotros llamamos crisis empresarial.
Por ejemplo, cuando los visitamos por primera vez ellos tenían dentro de su objeto social la prestación del servicio de transporte, y 16 días después cambiaron el objeto social y ya no prestan el servicio de transporte. También encontramos que tienen inversión extranjera y no pudimos constatar que estuvieran cumpliendo con sus deberes legales.
Asimismo, encontramos que en las diligencias, bajo la gravedad de juramento, nos daban una información y en la práctica resultaba siendo otra. Todos estos temas nos hicieron dudar desde el punto de vista jurídico, contable y financiero.
¿Y cuál fue la segunda conclusión sobre esa empresa?
Logramos constatar que estaban prestando el servicio de transporte mediante motos, que no son vehículos autorizados para esa labor. Sumado esto con la situación empresarial tomamos la decisión de someter a control a la empresa y, como consecuencia de ello, convocarla a la liquidación, porque no se logró comprobar que estuvieran cumpliendo con los requisitos de ley.
Está prohibido usar motos para prestar servicio público de transporte porque son los vehículos con el más alto grado de siniestralidad.
¿Y con Uber qué está pasando?
En el caso de Uber, cuando llegue a esta Superintendencia, encontré que había una orden del año 2016 que les prohibía seguir promocionando la actividad de transporte, ya que no estaba autorizada.
Nosotros los requerimos para que nos aclararan si habían cumplido la orden, si se habían detenido en esa labor de divulgación o promoción de los servicios no autorizados y a la fecha esa empresa no comprobó que así fuera, de manera que nos vimos abocados a sancionar a Uber por más de $400 millones, que es la multa máxima en esta clase de casos.
¿Pero cuál es la razón exacta para suspenderle el servicio?
Había una orden para que Uber no siguiera promocionando o publicitando sus servicios, ya que no estaban autorizados y ellos no nos demostraron que habían detenido esa promoción, divulgación o publicidad. Entonces como no cumplieron nuestra orden nos vimos abocados a sancionarlos.
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¿La Superintendencia ha encontrado algo más sobre la plataforma Uber que se considere irregular?
A la fecha el único pronunciamiento que puedo hacer en relación con Uber es respecto a la orden en materia de publicidad y de promoción de la empresa.
Siempre ha habido un dilema en el Gobierno porque no sabe con precisión qué ministerio debe tomar decisiones sobre las plataformas de transporte, el Mintic ha dicho que no le compete y el Ministerio de Transporte dice lo mismo, ¿qué es lo que pasa en realidad?
De pronto aquí lo que sucede es que se confunde la prestación de un servicio con las herramientas tecnológicas. Y si me permite yo me abstraigo un poquito de la empresa en particular y le hablo en general, y es que el Gobierno Nacional apoya toda evolución y herramienta tecnológica que surja, llámese plataforma, software, App, como la quieran llamar.
Tanto es así que hay empresas, por ejemplo, de taxis que tienen sus aplicaciones tecnológicas y por ese medio prestan sus servicios y en ningún momento se nos ha ocurrido pensar que están prestando ilegalmente el servicio.
Ese es un ejemplo de que definitivamente el tema de las plataformas en sí mismas no es ilegal. Aquí lo que hay que verificar, en cada caso particular, es cómo se está prestando el servicio público de transporte.
Y eso fue, en el caso de Picap, lo que nos originó las decisiones que tomamos, porque evaluamos y lo que se comprobó es que las motos eran los vehículos con los cuales se estaba prestando un servicio público de transporte.
¿Pero en el país se ha señalado que mientras una empresa de transporte no tenga sus propios vehículos no podrá prestar el servicio?
Es parte de lo que estamos evaluando, por eso es que por lo pronto no me puedo pronunciar más.
No es que no quiera, sino que de verdad no me puedo pronunciar, hasta que yo tenga la evaluación, mal haría en anticiparme.
¿Esa evaluación cuando podrá estar lista?
No me atrevo a dar una fecha exacta, porque en estos casos, en general la información que se recauda es muy volátil, cada vez encontramos situaciones diferentes que además yo no puedo presumir la mala fe de las empresas, yo tengo que verificar las situaciones y allí tomaré las decisiones correspondientes.
Pero el Gobierno tiene que definir eso porque las plataformas van a seguir surgiendo en el mercado y ellas mismas han pedido que se les reglamente el servicio...
Sí, por eso es que el Gobierno Nacional está trabajando sobre el punto. En el caso particular como Superintendencia de Puertos y Transporte el deber es velar porque las normas que están vigentes sean cumplidas por quienes están en el mercado del servicio público de transporte.
¿Tienen en la mira más empresas de este tipo para sancionarlas?
Por lo pronto esa es la información que yo puedo transmitir, porque es donde he tomado decisiones.
De otro lado, ¿en qué consiste la campaña de cabotaje que la Supertransporte está impulsando en el Pacífico?
Es uno de mis proyectos consentidos porque me parece que tiene unos elementos que son inigualables. Estamos trabajando en labores de prevención y dejando de lado las facultades de investigar y de sancionar porque con ello no estaríamos resolviendo nada.
El acercamiento con la gente en Buenaventura nos ha permitido arrancar con nuestro plan piloto de cabotaje.
¿Cuál es el Objetivo?
La formalización del sector y es una formalización, si se puede decir así, mancomunada, en conjunto con quienes prestan el servicio del cabotaje.
Nosotros diseñamos y lanzamos el programa. Avanzamos en la tercera fase que fue levantar toda la información, porque estaba muy dispersa. Por ejemplo, a la fecha ya identificamos que son 39 muelles los que están en la zona de Buenaventura y ya están perfectamente georeferenciados.
Otra de las cifras que identificamos en la composición del sector es que hay 87 embarcaciones y 154 prestadores del servicio, esto nos hace concluir que hay embarcaciones que comparten prestadores del servicio.
Sabemos que solamente el 6% están registrados en la Superintendencia, conocemos las rutas y todo esto nos permite diagnosticar cual es el estado en el que están, para en este 2020 empezar a trabajar uno a uno con los frentes que podamos desarrollar con ellos de manera positiva.
¿La idea es formalizar esas embarcaciones y esos prestadores?
Sí, esa es la idea como sector. Aquí inició la Superintendencia porque, de acuerdo con nuestras funciones de prevención, tendríamos la facultad para iniciar con esta labor. Empezaremos a puntualizar proyectos específicos para organizar embarcaderos, para apoyar a otras entidades del sector de manera que empiecen a tener condiciones mucho mejores en el ejercicio de su actividad.
¿Cuando dice 154 prestadores de servicios son 154 embarcaciones que hoy están funcionando de manera ilegal?
No, son 154 prestadores, lo que pasa es que como ellos no están legalmente constituidos yo no les puedo llamar empresarios, sino prestadores. Y estamos en ese proceso para que haya un acompañamiento que reconozca las características de quienes prestan el servicio en ese sector.
Aquí la idea no es arrollar e inmediatamente iniciar investigaciones porque no están cumpliendo la ley, sino generar esa transición para que la formalización les sirva como prestadores del servicio y sobre todo a los usuarios. Ellos también transportan carga.
¿El propósito es que estos prestadores de servicio, futuros empresarios, tengan cada uno su propia embarcación legal y constituida?
Que se organicen, nosotros no queremos llegar a esa toma de decisiones, eso lo harán ellos. Pero poco a poco, al organizarse, vayan encontrando personería jurídica que les permita realmente constituirse como corresponde en el país para prestar el servicio de transporte público; que las embarcaciones cuenten con ciertas condiciones y ahí es donde vamos a acompañarles, a ser el impulso necesario y por eso es que tenemos que unirnos con otras autoridades para que la sinergia con ellas nos permita apoyarlos de la mejor manera.
Este es un proyecto que quisiéramos que avanzara a una velocidad mayor, pero no es tan sencillo, de todas formas lo importante aquí era empezar y sobre todo ir avanzando con firmeza en cada uno de los pasos que nos hemos propuesto.
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