La situación de seguridad en subregiones de Antioquia como el Norte y el Nordeste sigue preocupando a las autoridades no solo por las acciones de grupos armados contra la población civil, sino también contra miembros de la fuerza pública.
El hecho más reciente fue reportado en las últimas horas por parte de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional desde donde informaron que el soldado Jesús David Mendoza Vega, adscrito a esta unidad, falleció como consecuencia de la activación de un área minada en zona rural del municipio de Anorí.
Según el reporte de la institución militar los hechos se presentaron específicamente en la vereda La Plancha, donde el uniformado víctima y otro más que resultó herido y fue evacuado hacia un centro asistencial, se encontraban acompañados de otros efectivos realizando operaciones militares de estabilidad.
Sobre los responsables de esta acción, desde el Ejército aseguraron que ya se adelantan las respectivas labores de investigación. No obstante, en la zona se tiene reporte de la presencia de grupos armados como las disidencias del Frente 36 de las Farc y la guerrilla del ELN quienes en días anteriores habían instalado banderas de sus grupos cerca al lugar donde se registró este hecho.
Lo sucedido pone en alerta a las autoridades si se tiene en cuenta que precisamente en un sector céntrico de esta vereda se encuentra el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) donde habitan muchos firmantes de paz con sus familias y a quienes justamente los soldados afectados con este campo minado prestaban servicios de seguridad.
“El Ejército Nacional como garante de los derechos humanos rechaza estas actividades que ponen en peligro a la población civil y en especial a las personas que se encuentran en el proceso de reincorporación”, destacó el coronel Gustavo José Gutiérrez, comandante de la Décimo Cuarta Brigada.
Este atentado en contra de la fuerza pública pone una vez más en evidencia el riesgo para la comunidad reincorporada, justamente días después del llamado realizado por la Defensoría del Pueblo para que se proteja a esta población, además de los líderes sociales en todo el país.
Según los registros de esa entidad del Ministerio Público, durante el primer semestre de 2023 un total de 92 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, siete de ellos en Antioquia, y que junto a Nariño con la misma cantidad de casos y Cauca con 17, encabezan los departamentos donde este fenómeno se presenta con mayor frecuencia.
“Es una vergüenza para el Estado que al parecer se haya normalizado el hecho de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, y no se observen medidas contundentes que garanticen la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Particularmente en el Nordeste del departamento sigue siendo tenso el panorama de seguridad, pues más de 50 familias se tuvieron que desplazar de zonas rurales del municipio de Segovia por cuenta de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN.
Ante la crítica situación, las más de 300 personas provenientes de veredas como Arenales, Jagua, El Aguacate; Monte Frío y San José del Pescado, decidieron declararse en refugio humanitario en la vereda cerca de Rancho Quemado en donde ya se han denunciado situaciones de extrema gravedad.
En las últimas horas, precisamente las Juntas de Acción Comunal de Rancho Quemado y otras veredas denunciaron el asesinato de un hombre identificado como Carlos Mario Roldán, habitante de la vereda La Jagua y quien se encontraba en condición de desplazado de estas zonas donde los grupos armados mantienen intensas confrontaciones por el control del territorio.