Unidades de la Seccional de Protección y Servicios Especiales adscritos a la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaron la captura de una mujer de 37 años de edad por el delito de ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula.

Esta mujer, de acuerdo con las autoridades, fue capturada en flagrancia cuando se le encontró en su poder ocho cédulas de diferentes personas en una vía pública de la ciudad de Barranquilla, exactamente sobre la carrera 1E con calle 45H.

La mujer fue capturada en una vía pública de Barranquilla. | Foto: Cortesía Policía Nacional

El delito de ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula es uno de los delitos electores que se encuentra tipificado en el código penal en su artículo 395.

“El que haga desaparecer, posea o retenga cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro documento necesario para el ejercicio del derecho de sufragio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor, y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Entretanto, la Policía Nacional afirmó que ha adelantado planes y estrategias con el objetivo de garantizar la transparencia de las elecciones regionales, este domingo-29 de octubre- y prevenir cualquier irregularidad que pueda surgir durante la jornada electoral.

El Gobierno Nacional anunció una recompensa para quienes denuncien compra y venta de votos. | Foto: David Estrada Larrañeta

“De igual forma invitamos a la ciudadanía a informa cualquier hecho delictivo a la línea de emergencias 123 o al número del Policía del cuadrante”, indican las autoridades.

Es importante precisar que el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó a nivel nacional pagar recompensa a quienes denuncien compradores de votos en las elecciones regionales. A través de su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter, afirmó: “He dado autorización para pagar las informaciones efectivas sobre compradores de votos en todo el territorio nacional. Comprar votos es un delito”.

Así dio la orden de desplegar una estrategia para enfrentar este domingo a los compradores de votos por medio del pago a los ciudadanos que se atrevan de denunciar.

Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, puso el ejemplo de que una persona podría recibir más del doble de lo que le estarían ofreciendo. Según dijo, si a un ciudadano le ofrecen 100.000 pesos por su voto, el Gobierno podría estar dando más de 200.000 pesos por la denuncia.

Esta medida fue acogida por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien precisó: “nosotros ofreceremos recompensa de hasta $5 millones adicionales frente a información debidamente corroborada”, aseguró en rueda de prensa.

Más de 500 mil testigos electorales participarán en las elecciones

Las elecciones regionales del domingo, 29 de octubre, van a tener más de 500 mil testigos electorales en las mesas de votación y en las comisiones escrutadoras.

Así informó la Registraduría Nacional del Estado Civil en un comunicado de prensa, en el que además hizo un reconocimiento a las agrupaciones políticas por haber postulado a 532.822 ciudadanos para ejercer su función como testigos electorales, lo cual hace parte del plan de transparencia y garantías electorales que la entidad ha desplegado para la jornada democrática.

En el Valle del Cauca hay 51.294 testigos electorales inscritos, siendo uno de los departamentos que más tiene después de Antioquía, que contará con 65.572.

En el Valle del Cauca hay 51.294 ciudadanos autorizados para cumplir con esta labor.

Además de vigilar los procesos de las votaciones y de los escrutinios, los testigos electorales pueden formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades. Sin embargo, no pueden impedir, reemplazar u obstaculizar la labor de los jurados de votación, hacer campaña electoral a favor de algún candidato o actuar como guía electoral.

Según la Registraduría, las credenciales de testigos electorales se otorgan a ciudadanos de agrupaciones políticas y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos a cargos o corporaciones públicas, o que promovieron el voto en blanco, así como a los comités independientes de promotores del mismo.