Por Luz Stella Cardona Ruiz / El País
Hasta septiembre de este año más de 4500 colombianos se habían declarado en quiebra, lo que representa un incremento del 33,3 % en solicitudes de insolvencia de persona natural con respecto al mismo período de 2022.
La situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que cerrando el 2023 la cifra se incrementaría a más de 6000 connacionales.
¿Pero, por qué cada vez más colombianos se están declarando en insolvencia económica?
Según un análisis realizado por la firma Insolvencia Colombia e IFI - Inteligencia Financiera, las principales causas de quiebra de los colombianos son: falta de trabajo, desmejoramiento en sus condiciones laborales, desorden financiero, préstamos de gota a gota, las tarjetas de crédito y las altas tasas de interés que no les permiten refinanciar viejas deudas o a precios mucho más elevados.
Para el informe se contrastaron datos del Ministerio de Justicia, notarías, pero también se utilizaron herramientas de inteligencia artificial con información de más de 15.000 clientes propios de la firma.
También se encontró que la edad promedio de los colombianos que se declararon en insolvencia este año está entre los 38 y 42 años, siendo los hombres (62,93 %), los que más solicitudes presentaron respecto a las mujeres (33,7 %).
Adicionalmente, el promedio salarial de las personas que se han acogido a la ley de insolvencia es entre 3 y 6 millones de pesos, pero, en general, son profesionales con empleos bien remunerados.
Cabe anotar que la Ley de Insolvencia no puede ser utilizada por todos los ciudadanos, solamente por aquellos que están económicamente activos, es decir, que tienen acceso al sistema financiero y están endeudados.
¿Qué es la Ley de Insolvencia?
La ley 1564 de 2012 o Ley de Insolvencia es un mecanismo institucional al que se pueden acoger las personas naturales cuando no pueden cumplir con sus compromisos financieros adquiridos y entran en mora. Esta herramienta legal permite a los deudores con dificultades económicas llegar a acuerdos de negociación o pago de sus deudas con todos sus acreedores.
Para Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI-Inteligencia Artificial, aunque puede parecer un dato alarmante el aumento en el número de personas que se han declarado en quiebra, “es muy importante que cada vez más colombianos vean en la Ley de Insolvencia una segunda oportunidad para reorganizar sus asuntos financieros”.
Dijo también que la insolvencia se debe entender como un estado temporal de las personas que obedece, en muchas oportunidades, a situaciones sobre las cuales no tienen ningún control como: pérdida del empleo, gastos inesperados y enfermedades que afectan sus ingresos y disminuyen su capacidad de pago.
“La Ley de Insolvencia termina siendo el resultado, en países desarrollados y como el nuestro, de entender que a las personas no se les puede abandonar cuando tienen problemas financieros, sino que tiene que haber mecanismos que les permita volver a retomar el rumbo y recuperar su vida financiera para que puedan volver a acceder a un crédito, comprar un carro o una vivienda”, subrayó Benítez.
Un fenómeno que se esperaba
En los últimos diez años las insolvencias están creciendo rápidamente en Colombia, lo que se explica por el deterioro de las condiciones económicas del país, por el hecho que cada vez más personas conocen sobre la Ley de Insolvencia y por el crédito tan caro que hace imposible ser pagado por algunos deudores.
Julio César Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas, Cienfi, de la Universidad Icesi, expresó que este es un fenómeno que se esperaba.
“Las familias contrajeron grandes deudas durante la pandemia que estresó al máximo los presupuestos familiares. Ya antes del 2020 los niveles de endeudamiento eran altos. Pero la gran caída del nivel de actividad económica del 2020 y el aumento de la inflación a dos dígitos pusieron aún mayor presión en los hogares”, subrayó. Según el docente, todo esto es la tormenta perfecta para que algunos hogares de ingresos relativamente altos estén enfrentando serios problemas en sus finanzas.
Por eso, agregó, la Ley de Insolvencia es un mecanismo importante para reestructurar la deuda.
“En esos procesos las familias renegocian las obligaciones financieras. Esto permite mejorar el flujo de caja del hogar para cubrir sus necesidades y retomar el pago de las obligaciones en otras condiciones. Un proceso de reestructuración que se haga a tiempo podrá salvar de la bancarrota total a un hogar”, enfatizó.
Entre tanto, Julio Escobar, jefe Regional de Estudios Económicos del Banco de la República, manifestó: “Esos son los efectos de la política de una tasa de interés alta que tiene que intervenirse para bajar la inflación. Hay gente que se endeudó mucho y no les alcanzan los ingresos para cubrir las cuotas”.
Para Jaime Achar, director de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, “estamos hablando de serias dificultades de honrar los pagos de sus deudas por parte de la clase media colombiana. Esto es producto de las altas tasas de interés y del elevado costo de la vida, producto de la inflación”.
Aseguró que mientras las personas de menores ingresos recibieron alivios en las tasas de interés, las franjas de ingresos medios y altos siguieron pagando tasas elevadas.
“Al declararse en insolvencia después de caer en el no pago de sus obligaciones, pueden realizar una negociación con sus acreedores con el fin de ponerse al día. En la negociación se examinan las particularidades de cada caso y se establece un acuerdo de pago, una especie de reestructuración de la deuda, donde se pueden renegociar plazos y tasas de interés para que las personas puedan, en la medida de que sus ingresos se lo vayan permitiendo, pagar sus deudas”, explicó el docente. El problema es que si los ingresos no mejoran o si no se honran los acuerdos, se puede llegar a tener que liquidar el patrimonio personal, que suele dejar a todas las partes, en especial a la persona natural, en una situación aún más precaria.
“Debo reiterar que la Ley de Insolvencia 1564 de 2012 no es suficiente en tiempos de crisis para permitir que las relaciones entre deudores y acreedores se normalicen y la economía en general, evite crisis sistémicas y fuertes recesiones”, puntualizó Achar.