El pasado miércoles, el Congreso de la República hundió la reforma tributaria presentada por el equipo del presidente Gustavo Petro, tras esta decisión el Estado deberá recortar sus gastos para el 2025 y el departamento del Valle del Cauca sería uno de los más afectados por esta situación.
En este caso, según reseñó El Tiempo, el próximo año Colombia tendría un presupuesto destinado para las regiones del país cercano a los $63,4 billones, sin embargo, con la caída de la ley de financiamiento este podría verse reajustado a $54,1 billones, en consecuencia, los diferentes departamentos experimentarían una baja de sus recursos asignados por el Ejecutivo.
El más perjudicado con este reajuste presupuestal sería el Valle del Cauca, el cual tenía una asignación inicial de $4,18 billones, pero tras los cálculos realizados por el Departamento Nacional de Planeación, el nuevo monto podría alcanzar los $3,15 billones para la próxima vigencia.
Desde el Gobierno Nacional han insistido en que la negación por parte del poder legislativo de la reforma tributaria presentada en los últimos meses implicaría la realización de varios ajustes con el propósito de optimizar el gasto estatal.
El presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X (Antes Twitter), apuntó que se harán los recortes necesarios, pero sin afectar a la ciudadanía.
“El decreto de presupuesto como lo ordena la Constitución es el que se presentó al Congreso este año. El año entrante, en el decreto de liquidación, se hará el recorte de gastos sin que el pueblo pague la crisis”, indicó el jefe de Estado.
Un golpe profundo
La decisión del Congreso de no aprobar la ley de financiamiento presentada por el Gobierno Petro generó el malestar del mandatario colombiano, quien ha calificado la decisión como un “golpe profundo a la economía nacional y al pueblo”.
Resaltó que los diferentes congresistas habrían decidido no bajar los impuestos a las empresas nacionales y a la clase media, en defensa de las multinacionales de combustibles fósiles.
Petro destacó que el rechazo del instrumento pretende entorpecer la labor del Gobierno para favorecer una eventual toma del poder, por parte de la oposición en las elecciones del año 2026.