Guapi es una cara visible del 48% de la pobreza extrema que se registra en el departamento del Cauca. Basta con caminar sus calles internas, que lucen como trochas, o las principales, como la Calle 11, pavimentada con adoquines que ya están llenos de huecos y hundimientos, donde se quedan atrapados los motocarros que movilizan a gran parte de la población.

“Acá llegan muchos organismos nacionales e internacionales pero la situación física es muy degradante, no tenemos los recursos viales, no tenemos acueducto y el tema del alcantarillado es un asunto bastante grave, no nos encontramos en unas condiciones óptimas de vida”, dice José Eliécer Vallecilla, un guapireño que se dedica a la barbería, en un municipio de 44.000 habitantes, donde la mayoría vive de la pesca, la agricultura, la madera, y por supuesto, no son ajenos a la coca y la minería ilegal, negocios ilícitos que generan el conflicto en el Andén Pacífico.

Danny Eudoxio Prado, alcalde de Guapi, reconoce que la deuda social de su municipio es grande y que su gente necesita trabajos dignos, “para poder tener viviendas dignas y una educación más o menos equilibrada, pero no podemos porque nos hace falta todo”.

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Y es que es apenas entendible “que les haga falta todo” – como dice el Alcalde –, si se conocen las cifras del presupuesto con el que cuenta Guapi. Según el mandatario, reciben cerca de $22.000 millones anuales, de los cuales el 80% se destinan para pagar una deuda, y quedan $2000 millones que se invierten en funcionamiento y “$500 millones para solucionar y atender a la población”.

“El narcotráfico y la minería nos afecta gravemente porque son actividades ilícitas y no permiten que el Estado nos tenga en cuenta, porque están es atacando ese flagelo y no la parte social, que es la que necesitamos”, añade el alcalde.

Después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, como en todos los municipios afectados por el conflicto, Guapi esperaba soluciones al abandono social en que se encuentran, pero según sus habitantes reina la incertidumbre, pues además de las necesidades básicas insatisfechas, la violencia no desaparece.

“En el Cauca hubo un optimismo grande con el acuerdo de la Habana, porque ahí era el teatro de operaciones de varios frentes de las Farc y el ELN, hoy, si bien se han minimizado esos atentados y tomas de pueblos, se han aumentado los asesinatos, los desplazamientos y las amenazas a líderes y organizaciones sociales, y se ha expandido otro número de actores armados que no sabemos quiénes son y andan bien organizados”, señala Guido Albán Rivera, miembro de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.

La misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo Nacional que acompañó El País, por municipios del Andén Pacífico, estuvo en Guapi el pasado 7 de noviembre. Ese día, el ente del Ministerio Público presentó un informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Cauca, donde se advirtió sobre el riesgo en que se encuentran niños, niñas y adolescentes por causa de su utilización en actividades ilícitas; el año pasado se reportó la vinculación de un menor de edad de Guapi a grupos ilegales.

“Esos jóvenes que se están levantando (creciendo) están aprendiendo a hacer lo malo, están aprendiendo a violar niños y eso no es muy bueno. Uno teme, que se le metan a la casa a hacerle lo malo a uno. Esto está peligroso”, afirmó una vendedora de frutas guapireña que prefirió omitir su nombre.

En el informe también se reveló que en el 2017 hubo 569 asesinatos en territorio caucano; este año se han reportado cuatro amenazas contra la población en Guapi, y entre 2016 y 2018 fueron asesinados dos líderes defensores de Derechos Humanos.

También se lanzó una alerta por el daño ambiental ocasionado por la minería: “la presencia de mercurio está afectándonos claramente la salud de las personas, hoy, en municipios como Suárez, se empiezan a evidenciar ya personas que tienen síntomas que están asociados al tema del uso de mercurio: tembladera, pérdida de la memoria, y se han hecho exámenes y han presentado presencia de mercurio en la sangre”, señaló Marisel

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“No todo el Cauca tiene cultivos ilícitos”

Óscar Campo, gobernador del Cauca, quien estuvo en Guapi durante la visita de la misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, habló sobre la situación de su departamento y los problemas de los municipios del Andén Pacífico:

¿Cuál es el panorama de pobreza en el departamento del Cauca?

La pobreza extrema es del 48%, hace dos años veníamos en un 50%, sin embargo hemos seguido lejos de lo que es la media nacional (20%) y es allí donde concentramos todos los esfuerzos para que exista esa recuperación.

¿Por qué dice que los ríos de la costa pacífica no pueden ser la autopista del narcotráfico?

Hemos visto que hacia la coordillera occidental del Cauca es donde más se concentran los cultivos de coca, pero vemos que en particular hay dos ríos que son los que reciben el alcaloide procesado y salen hacia el océano, que es el río Naya y el río Micay. Hoy, mucha población ha terminado dependiendo su sustento con estas economías ilegales, y esto les genera vulnerabilidad.

¿Quiénes son dueños de estas economías ilegales?

Hay una lucha por la territorialidad en muchos de esos corredores, hemos visto cómo en el río Naya se han enfrentado células y grupos que se conocen como los ‘Pelusos’ con disidencias de las Farc, y asímismo vemos como en el Micay se enfrenta el ELN con disidencias de Farc. Hoy no pudiéramos decir que en el departamento existe un dueño de estas economías ilegales.

¿Cuántas hectáreas de coca hay en el Cauca, hoy?

El último reporte indica que 15.000 hectáreas, pero además tenemos marihuana en Corinto, Toribio, Caloto y Miranda en una forma masiva. No todo el Cauca tiene que ver con cultivos ilícitos, contrario a 15.000 hectáreas de coca hay 96.000 hectáreas de café, desde Guapi sale un container semanal hacia Francia con palmito y eso da posibilidades de que es viable, de que no todo es color gris, sino que se requiere juntar esas buenas voluntades con presupuesto y con las iniciativas comunitarias para poder luchar claramente contra este mapa de lo que hoy amenaza a las comunidades.