La crisis humanitaria en el Catatumbo sigue cobrando víctimas, esta vez en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, ayer domingo 9 de marzo cinco personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas en un ataque armado. Según informaciones preliminares, algunas de las víctimas podrían ser desplazados recientes que huyeron de la violencia impuesta por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en sus municipios de origen.
El ataque ocurrió en el barrio Los Sauces, donde hombres armados irrumpieron en dos locales comerciales y abrieron fuego contra quienes se encontraban allí. Entre las víctimas fatales están cuatro hombres de entre 25 y 46 años y una joven de 17 años. Además, tres personas más, entre ellas un adolescente de 15 años, resultaron heridas y se encuentran bajo atención médica.
El alcalde de Ocaña, Emiro Canizares, manifestó que se está realizando la verificación para determinar si alguna de las víctimas formaba parte del grupo de desplazados que en febrero abandonaron sus hogares por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC.
Aseguró.“Estamos cruzando información con las bases de datos de la Unidad de Víctimas, ya que entre el 16 y el 20 de febrero llegaron más de 11.000 desplazados de distintos municipios del Catatumbo, como Teorama, Tibú, El Tarra, San Calixto, El Carmen y Convención”
Si se confirma que algunas víctimas de la masacre eran parte de este grupo de desplazados, se podría estar ante un nuevo patrón de violencia: las víctimas no solo son obligadas a huir de sus territorios, sino que también son perseguidas en las ciudades a las que buscan refugio.
Un conflicto que se urbaniza
La situación en el Catatumbo sigue agravándose. Desde inicios de 2024, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias han dejado más de 76 muertos y 55.000 desplazados, según cifras oficiales. Ocaña, considerada un punto de acogida para quienes huyen de la violencia rural, se encuentra en alerta ante la posibilidad de que la guerra se traslade a su casco urbano.
“Nuestra preocupación es que la violencia se urbanice, como ya ha sucedido en municipios cercanos como Tibú. No podemos permitir que Ocaña se convierta en un nuevo campo de batalla”, advirtió el alcalde Canizares, quien reiteró su solicitud al Gobierno Nacional para fortalecer la presencia de la fuerza pública en la zona.
La comunidad ocañera teme que el conflicto escale aún más, afectando a la población civil que, aunque ya desplazada, sigue siendo blanco de los actores armados. Los líderes sociales han hecho un llamado urgente a la implementación de estrategias de protección para los desplazados, quienes en su búsqueda de seguridad se enfrentan a nuevas amenazas.
Mientras las investigaciones avanzan, Ocaña sigue en vilo, exigiendo justicia y medidas contundentes para frenar una violencia que no conoce límites.