Este miércoles 14 de agosto, Otty Patiño, Alto Comisionado para la paz, habló sobre la mesa de diálogos con el ELN y reveló que la paz con el grupo guerrillero “vive su mayor crisis”.
“Hoy la paz con la guerrilla del ELN vive su peor crisis”, afirmó Patiño desde el Congreso, en medio de un debate de control político sobre la seguridad en Colombia.
En ese sentido, Patiño anotó que: “La paz con esta suma de violencia siempre va a estar en crisis, es la característica, no podemos asumir que va a haber una paz tranquila, siempre va a estar sometida a las crisis que significa lograr el entendimiento con los actores armados”.
“Hoy la paz con el ELN vive su mayor crisis, hoy están congeladas las mesas, hoy está congelado el mecanismo de monitoreo y verificación, más que congelado no opera. Y la última declaración que hizo la delegación del Gobierno fue un emplazamiento: o bueno, ustedes levantan el congelamiento y participan de manera real en la implementación o esto no va para ninguna parte. Desde luego, el ELN plantea otros temas con mentiras y dice que el Gobierno no ha cumplido”, afirmó.
Posteriormente, el alto comisionado de paz entregó declaraciones a los medios de comunicación y dio detalles sobre la crisis que se está viviendo con el ELN.
“Hay crisis por el congelamiento de la mesa, la inoperancia del mecanismo de monitoreo y ellos están planteando unas condiciones. El Gobierno, en la voz del Presidente, hizo una contrapropuesta confidencial. Creemos que en la medida en que ellos respondan se verá si es posible seguir con las conversaciones o no”, recalcó Otty Patiño.
La situación con el ELN es compleja. Este lunes 12 de agosto, el Frente Occidental- uno de los más aguerridos- protagonizó un paro armado en el Chocó que tiene confinados al menos 85 comunidades afros e indígenas, lo que representa a unas 45.000 personas.
Además del paro armado, la confrontación y disputa territorial del Clan del Golfo, agrava lo que está ocurriendo con las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón y en inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá, informó la Defensoría.
“Los hechos ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersonal o artefactos explosivos y desplazamiento forzado. Y agrava la limitación en el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación, y aún más por las afectaciones ambientales relacionadas con el desbordamiento e inundación del río San Juan”, informó la Defensoría.
*Con información de Colprensa y redacción de El País.