El medio de comunicación Vorágine anunció que suspendió de forma indefinida la publicación de investigaciones sobre temas relacionados con el paramilitarismo y el narcotráfico, por situaciones de riesgo que comprometen la seguridad de sus periodistas.
A través de sus redes sociales, el medio dedicado al periodismo investigativo confirmó la decisión con un breve comunicado.
“Por situaciones que comprometen nuestra seguridad, Vorágine se permite informar que dejaremos de publicar indefinidamente investigaciones relacionadas con paramilitarismo y narcotráfico”, se lee en el comunicado, que fue replicado por su director, José Guarnizo.
Luego de conocerse la noticia, el presidente Gustavo Petro aseguró que este tipo de hechos no pueden seguir ocurriendo en el país. ”He ordenado activar de inmediato las rutas de seguridad para este caso, así como para otros seis periodistas que, junto con la FLIP, hemos identificado como de alto riesgo”, expresó el mandatario.
Por ahora, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) aún no ha emitido algún pronunciamiento oficial para rechazar las intimidaciones en contra de este medio de comunicación.
Creado en 2020 como una fundación sin ánimo de lucro, Vorágine ha enfocado sus investigaciones periodísticas en la vulneración de derechos humanos, el medio ambiente y la corrupción.
Según una encuesta de la Defensoría del Pueblo en todas las regiones del país, el 47,7 % del total de las vulneraciones de derechos reportadas por los periodistas tiene como responsables a las estructuras armadas ilegales, el crimen organizado y la delincuencia común.
El 21,2 % de los periodistas indicó haber sido atacado por líderes políticos, el 13,2 % manifestó sentir atacados sus derechos en el ejercicio de su labor por parte de miembros de las Fuerzas Militares, el 12 % señaló que fue blanco de comentarios hechos por personas que forman parte de entidades públicas y el 8 % denunció haber sufrido vulneraciones por su empleador.
Del total de encuestados, el 36 % manifestó amenazas contra su vida e integridad, el 37 % amenazas contra sus derechos a informar y expresarse, el 17 % contra su integridad psicológica, moral y buen nombre y el 10 % contra sus derechos económicos y contractuales.
La intimidación verbal, la amenaza vía telefónica y la intimidación por redes sociales son los mecanismos más utilizados, según el reporte del organismo de control.