El Gobierno Nacional anunció este martes lo que todo el sector de salud venía esperando: el acuerdo de Punto Final, el cual permitirá sanear las finanzas del sistema.
El presidente Iván Duque reconoció que hay un deuda pendiente con las EPS y dijo que este pacto “va a marcar un hito en lo que es la reforma al Sistema de Salud en Colombia”.
Según la Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia, ACHC, las deudas que tenían al cierre del 2018 las EPS con estas instituciones suman $10,1 billones. Y el Gobierno estima que le debe a las EPS del régimen contributivo $5,2 billones y del subsidiado, $1,5 billones.
El acuerdo de Punto Final, anunciado este martes, busca conciliar estas cifras, definir un monto y pagarlo, lo que permitirá darle liquidez al sistema. Se estima que en el 2020 se estarían cancelando unos $2,7 billones y el resto en los siguientes años.
Los dineros para cumplir con estos compromisos saldrán de una emisión de bonos que proyecta el Ministerio de Hacienda, es decir vía crédito.
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En este momento, aseguró el presidente Duque, se girarán $514.000 millones para clínicas y hospitales por prestación de servicios a Caprecom de tecnologías en salud de alto costo. También se pagarán $172.000 millones de deudas reconocidas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
1361
hospitales recibirán los primeros recursos que girará la Nación.
6673
millones de pesos recibirá el HUV y $22.318 millones el departamento del Valle.
¿Qué queda faltando?
Expertos consultados por El País consideran que este es un gran avance para dar soluciones a los problemas del sistema de salud en Colombia, sin embargo, aseguran que no es suficiente y que se debe acompañar de otras medidas.
Por ejemplo, Ramiro Guerrero, director de Proesa (Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud), explica que el acuerdo de Punto Final recoge años de aprendizaje sobre los atascos que ha tenido el sistema de salud. “Pero sino se hace algo más, dentro de 5 años vamos a estar en otro problema”.
Se refiere a que se debe cambiar el modelo de reconocimiento de las deudas de los servicios prestados por las EPS de medicamentos y procedimientos que no están en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
Hoy en día las EPS prestan estos servicios y pasan la cuenta al Gobierno, a través de Adres, entidad que en muchas ocasiones devuelve las cuentas, pone reparos y algunas no se pagan.
Para los analistas, este sistema de operación es el que ha generado el actual colapso financiero de la salud y, por lo tanto, consideran que se debe cambiar.
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Según Guerrero, es posible que la evolución del sistema derive en la implementación de una prima adicional para los servicios que no están en el Plan de Beneficios (los de alto costo), sin que tenga que mediar una revisión cuenta por cuenta, como hoy funciona, y que es algo inmanejable”, explicó.
Otro punto a tener en cuenta, destacó Jaime Arias, expresidente de Acemi, gremio que agrupa a las EPS del país, es que el gasto en salud seguirá creciendo en el país.
Por esta razón cree que el Gobierno debe apropiar un presupuesto adicional para cubrirlo. “A futuro se requiere plata, hay buena voluntad del Estado, tienen toda la intención de mejorar, pero el problema seguirá siendo el mismo, sino se resuelve el déficit anual”, dijo.
Se estima que el sistema de salud requiere entre $2 billones y $3 billones adicionales al presupuesto actual al año para solventar el aumento en el gasto.
Al respecto, Juan Carlos Giraldo, director de ACHC, dijo que la ley de Punto Final es un primer paso que “consideramos va en un sentido correcto porque repara un porcentaje de las deudas vencidas. Es un arranque y por lo tanto vienen más fases”.
Agregó que el Gobierno Nacional no debe descartar hacer una reforma al sector que dé soluciones definitivas y no solo coyunturales.
El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, destacó que sí hay estrategias para mejorar el sistema de salud, diferentes al saneamiento fiscal tales como: la actualización del Plan de Beneficios de Salud, el control de precios de medicamentos, las compras centralizadas, la continuidad de las exclusiones y la implementación de valores máximos de recobro.
Adicionalmente, a partir del 1 de enero de 2020 los pagos serán centralizados y cancelados por la Nación y no por los territorios, como ocurre hasta ahora en el régimen subsidiado.
“Esto permite unificar la operación para el reconocimiento y pago de estas tecnologías o servicios, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, garantizando el acceso equitativo en todo el territorio nacional, lo que se significa un importante avance en equidad”, destacó el funcionario.