La Alcaldía de Cali busca conseguir recursos por un valor de $ 300 mil millones, mediante la emisión de algunos títulos de deuda pública, que serían garantizados con el recaudo futuro de impuestos que paguen los caleños en algunas zonas de la ciudad, y así invertir hoy en proyectos de renovación urbana.
La propuesta será discutida esta semana en el Concejo de la ciudad, desde donde ya se han expuesto dudas.
“Queremos que la Corporación lo estudie, y vea la posibilidad de autorizar al señor Alcalde la emisión de algunos títulos de deuda pública con base en un recaudo del impuesto predial de algunas zonas de influencia”, explicó Fulvio Leonardo Soto, director de Hacienda de Cali, durante un consejo de gobierno realizado a mediados de abril.
Insistió el funcionario en que, con esos dineros, se desarrollarían importantes proyectos como la renovación de la Avenida Sexta y el Bulevar de San Antonio.
La propuesta será presentada vía proyecto de acuerdo y, según promete Soto, “no es deuda pública para la ciudad, pues estaríamos constituyendo un patrimonio autónomo y, con base en esos $ 300 mil millones, haremos las inversiones. Con cargo al impuesto futuro, le estaríamos pagando al inversionista o inversionistas que quieran hacer el desarrollo de la ciudad”.
El concejal Juan Martín Bravo aseguró que la Alcaldía busca comprometer los impuestos que reporten los predios que se piensan desarrollar en proyectos de renovación urbana como Ciudad Paraíso, en especial en las zonas de El Hoyo y El Piloto, en el centro de Cali.
Ya se tiene contemplado construir dos torres más en el sector de El Calvario, en el centro de Cali, para el proyecto de Ciudad Paraíso. Cada una tendrá la misma cantidad de apartamentos (331) que la que está hoy en construcción.
El cabildante cuestionó la iniciativa: “En el caso hipotético de que el Concejo apruebe esa propuesta y el banco le desembolse a la Administración los
$ 300 mil millones, uno se pregunta ¿qué pasaría si esos proyectos de vivienda de Ciudad Paraíso presentan alguna anomalía y no terminan por ser desarrollados?”.
En otras palabras, si ese llega a ser el caso, “la propuesta sí podría convertirse en deuda pública para la ciudad, que en todo caso debe responder al banco”.
Una opinión similar expresó el cabildante Richard Rivera: “Es bienvenido todo lo que sea en procura de reactivar la ciudad y este gobierno ha tenido todos los elementos para avanzar, pero hemos visto que le ha faltado mucha agilidad en los procesos de estructuración y contratación. Se ha quedado muy corto y solo le falta un año para concluir”.
Según Rivera, esto termina por afectar las finanzas del Municipio, en especial si solo se ha ejecutado el 30 % del empréstito que el Concejo le aprobó a la Alcaldía en 2020 por el orden de $ 650 mil millones; de hecho, solo hasta el segundo semestre del año pasado se supo cómo iban a estar asignados los recursos.
“No estoy en contra del desarrollo de las obras, sino en contra de los tiempos. Se tardan hasta tres meses para estructurar una propuesta y luego el mismo tiempo para un proceso de contratación. Yo veo que esa propuesta (de emisión de títulos) es más una escapatoria”, aseveró el concejal.
Lina Orozco, politóloga de la Universidad Javeriana, recordó que el Ministerio de Vivienda ya reglamentó en 2020 la titularización de impuestos futuros. “El mecanismo es legal y consiste en lo siguiente: hay una expectativa de flujo de recursos futuros que resultan del incremento del impuesto predial (año tras año) en la zona de influencia del proyecto declarado como estratégico. La Alcaldía debe solicitar ante el Concejo la autorización de emitir títulos durante un determinado tiempo, que tendrán como base ese recaudo futuro”, explicó Orozco.
La analista agregó: “Imaginemos lo siguiente: el precio del suelo se valoriza producto de los desarrollos urbanísticos. Las alcaldías usan esa valorización para financiar proyectos. Lo que se está proponiendo es un mecanismo de titularización del impuesto futuro o, concretamente, del mayor valor del recaudo que se espera a futuro”.
Por su parte, Daniel López, director de la Unidad de Acción Vallecaucana, comentó que el proyecto de acuerdo, que aún no se ha radicado, “no es la adquisición de más deuda para el Municipio, se trata de traer a valor presente el mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial para apalancar proyectos de renovación urbana. La pregunta para la Alcaldía es si estos proyectos de renovación cuentan con los estudios necesarios que determinen su valor estratégico, su proyección financiera, el cronograma de obras, etc.”.
López cuestionó que si los $ 300 mil millones se invertirán en la renovación de la Avenida Sexta y el Bulevar de San Antonio, es importante saber qué tan probable es que sean terminados durante el actual gobierno, pues “si bien este mecanismo de la titularización es legal (...), representa en este momento para la Secretaría de Infraestructura tres veces más de su recurso anual. ¿Hay capacidad de ejecución?, especialmente cuando ya los tiempos del mandato se están acortando”.
Otra ciudad que implementaría la misma estrategia es Medellín, con el fin de conseguir $85.000 millones, con flujos
de caja futuros nominales por $428.000 millones, según la Alcaldía.