La Empresa Municipal de Renovación Urbana (Emru) ya tiene vía libre para desarrollar actividades que antes estaban restringidas en su objeto social. Este cambio, que venía buscando hace varios años la Administración, tiene en alerta a algunos sectores de la ciudad que temen que esto se convierta en un atajo para contratar de manera directa.

El miércoles, el Concejo de Cali aprobó la ampliación del objeto social de la Emru con una votación apretada, de 13 a 8, después de varios debates en los que se cuestionó la transformación. El cambio más ligero estará en su denominación: pasará a llamarse Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana, Edru.

Lo que esto realmente significa es que esta empresa duplicará sus actividades comerciales. Ahora ya puede ejecutar obras civiles de construcción; ser consultor para la realización de estudios y diseños socioeconómicos, jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y territoriales; participar en licitaciones públicas en otras ciudades a nivel nacional e internacional, y actuar como agente inmobiliario, entre otras facultades.

Esto, en el papel, no indica nada cuestionable. Pero la concejal Ana Erazo comentó que la intención real de la Administración es repetir lo sucedido con Emcali, cuando se amplió su objeto social. “El Alcalde intentó crear una empresa de papel con Cali Inteligente para entregar contratos a dedo, y terminó reviviendo compañías como Caligen”, dijo.

Eso no es todo. La concejal explicó que “la desconfianza se basa en su ineficiencia (de la Emru) y en los precarios resultados con el manejo del espacio público. No ha podido llevar a cabo el proyecto Ciudad Paraíso en 14 años, no va a tener con qué hacer más cosas”, razón por la cual, según Erazo, empezaría a subcontratar los proyectos con privados.

El concejal Terry Hurtado señaló que aprobar este proyecto significa darle un cheque en blanco a la Administración para que haga contrataciones sobre cualquier cosa.

Cabe recordar que la Emru, como entidad descentralizada, se rige bajo la ley de contratación privada, por lo que no necesita licitaciones públicas para contratar con otras empresas.

Con esta capacidad, algunos temen que los organismos de la Alcaldía realicen convenios interadministrativos con la Emru y que esta subcontrate con compañías específicas, haciendo lo que varios concejales y la ciudadanía han denominado “contratación a dedo”.

La exconcejal Diana Rojas, una de las mayores detractoras de la actual Administración, le recriminó a sus excompañeros que dieran el visto bueno a la iniciativa.

“La Emru es el fortín politiquero de esta Alcaldía para contratar a dedo las obras de Ospina. Las Administraciones de Armitage y Guerrero blindaron la empresa y llegan 13 cabildantes y vuelven a entregarla. No me cansaré de decir lo importante que es tener concejales decentes ni de defender la contratación transparente”, dijo.

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Es este apartado, el de la celebración de contratos de forma directa, el que más críticas despierta con la ampliación del objeto social de la Emru.

María Isabel Alvarado, vocera de Mi Cali Contrata Bien, colectivo que hace seguimiento a las acciones de la Alcaldía, argumentó que la subcontratación por parte de la Emru “no contribuye a la transparencia, a la participación plural de oferentes ni a las garantías de calidad y precio de los servicios o proyectos contratados.”

De hecho, según cifras de este laboratorio, la Administración ha hecho 20 contratos y convenios interadministrativos con la Emru desde el 2020, representando un total de $ 30.527 millones del gasto público.

La preocupación aumenta porque entre el 2020 y el 2022, con corte al pasado mes de junio, el avance acumulado de la Emru en relación con las metas del Plan de Desarrollo Distrital es solo del 35,8 %, lo que genera incertidumbre ante futuros proyectos.

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“Resulta vital que los ciudadanos se involucren y vigilemos todos qué se contratará con esta nueva Edru y con quién subcontratará dicha entidad, además de supervisar el cumplimiento de metas y la real ejecución de sus proyectos”, declaró Alvarado.

Por su parte, Elmer José Montaña, abogado penalista que se ha mantenido activo en la discusión de este proyecto, comentó que “se van a celebrar contratos al margen de la ley”.

Y explicó su afirmación: “Cuando una empresa firma un contrato sabiendo que no puede cumplir con el objeto contractual, carece de idoneidad, lo que tipifica el delito de cumplimiento de requisitos legales”.