El poder preferente, la figura de moda entre los amigos del alcalde Ospina investigados por la Personería

Más de tres años después de iniciado el gobierno de Jorge Iván Ospina, marcado por los continuos escándalos de presunta corrupción, por el favorecimiento mediante la contratación a familiares y amigos, y por el uso de atajos jurídicos para entregar a dedo más de $3 billones, no existe un solo fallo importante emanado por la Procuraduría.

De la feria virtual y el alumbrado móvil solo se sabe que hubo un detrimento de más de $7.500 millones; el eco que los medios hicieron del convenio interadministrativo entre Alcaldía y Emcali, con televisores de $43 millones y sillas a $17 millones, fue solo eso, eco. Y van camino al archivo los procesos por los escándalos de presunta corrupción en los contratos de mercados, tapabocas y elementos para la atención de la pandemia, por mencionar solo algunos.

Por eso la preocupación desde el Concejo de Cali al advertir que la falta de acción por parte del Ministerio Público, frente a lo que ocurre en la ciudad, contrasta con la efectividad de la Procuraduría para despojar a la Personería de Cali de las investigaciones que inicia contra algún funcionario cercano al alcalde Ospina.

Así lo denunció y lo advirtió el concejal Roberto Ortiz frente al caso más reciente y que involucra a la jefe de la Oficina de Comunicaciones, Luz Marina Cuéllar, que amparada en la figura del ‘poder preferente’ le pidió a la Procuraduría asumir su proceso.

Los antecedentes no son los mejores. Fue la misma Procuraduría, al mando de Fernando Carrillo, cuota del expresidente César Gaviria, la que le archivó en tiempo récord más de 60 investigaciones contra Jorge Iván Ospina cuando iba a aspirar al cargo de alcalde por segunda vez, y con el aval del Partido Liberal.

Lea aquí: ¿Qué hay detrás del millonario contrato de las cámaras de seguridad que tiene contra las cuerdas a Jorge Iván Ospina?

Los procesos que por poder preferente, en el caso de Luz Marina Cuéllar, se busca pasar de Personería a Procuraduría, son distintos a la investigación que le acaba de anunciar el Ministerio Público por la contratación de influencers por más de $150 millones para mejorar la imagen del gobierno de Jorge I. Ospina.

“Yo pronostiqué que más se demoraría la Personería de Cali en adelantar el proceso contra la Jefe de Comunicaciones de la Alcaldía por la contratación que se hizo en pandemia, que la Procuraduría en solicitar el control preferente; lo que nos lleva a preguntar, para qué están los órganos de control distritales si de un tajo les arrebatan los casos o investigaciones”, dijo Ortiz.

“Este caso se suma a otros, que están ‘durmiendo’ en Bogotá, lo que considero es una burla contra los órganos de control de Cali, en especial la Personería que funciona correctamente”, precisó el concejal.

Al respecto el personero de Cali, Harold Cortés, señaló que la entidad a su cargo “ha venido ejerciendo con determinación el control disciplinario en el ámbito de sus competencias y jurisdicción, tarea que se ha desplegado con eficacia, independencia e imparcialidad; los resultados de las investigaciones, son muestra de ello”.

“Algunas investigaciones a nuestro cargo han sido trasladadas al conocimiento de la Procuraduría General de la Nación al amparo del poder disciplinario preferente; confiamos en que la institucionalidad funcione cada vez más coordinada y armónica y permita seguir observándose resultados en los casos de más sonada trascendencia e interés en el Distrito de Santiago de Cali”, destaca el personero Cortés.
Pero ¿por qué los funcionarios de Ospina que son investigados quieren ser cobijados con el control preferente y que sus casos pasen a la procuraduría Provincial, Regional o General de la Nación?

Le puede interesar:  Renovación de Cristo Rey y adecuación del Pascual Guerrero estarían en manos de un pariente de Ospina

Fue Jesús Darío González, el exgerente de Emcali y exsocio político del alcalde Ospina, quien abrió el camino en este gobierno para apelar a la figura del control preferente para sacar su caso de la Personería.
González nombró en el 2020 a Mauricio Zamora asesor del despacho, pese a que fue hasta finales del 2019 miembro de la Junta Directiva de la entidad, y la norma señala que un miembro de junta tiene un año inhabilidad para entrar a laborar en la misma empresa.

El expediente se fue de Cali el 18 de junio del 2020 apelando a la figura del ‘poder preferente’ y el 7 de marzo del 2022 se dictó fallo absolutorio contra González y contra Zamora, a quien también la Personería le había iniciado investigación disciplinaria.

De acuerdo con la Resolución 456 del 2017, mediante el ‘poder preferente’ la Procuraduría “desplaza a otra autoridad para que inicie o adelante procesos”, en este caso se deja sin competencia a la Personería de Cali, y su objeto es hacer prevalecer la competencia de la Procuraduría General de la Nación “para adelantar la acción disciplinaria y garantizar la efectividad y eficacia de dicha potestad”.

Lea también: Por presuntos contratos con un primo, Procuraduría abre otra investigación al alcalde Ospina

La diferencia entre las funciones de
la Personería de Cali y la Procuraduría Provincial, básicamente radica en que la Personería investiga a funcionarios desde el nivel más bajo, hasta los secretarios. La Provincial hace lo mismo, pero incluye también al Alcalde y a
los concejales.

El País le solicitó a la Procuraduría General de la Nación la información sobre los más de 20 procesos que se han llevado por ‘poder preferente’ de la Personería de Cali, pero solo entregaron respuesta de cinco.

Entre esos, uno contra Fabiola Perdomo que se encuentra con pliego de cargos por el presunto incumplimiento de la normatividad en materia de contratación estatal; otro contra Óscar Ipia, gerente de la ESE Oriente por las presuntas irregularidades respecto a la pérdida o donación de 162 dosis de la vacuna Pfizer, también en pliego de cargos, y uno contra un funcionario de la Contraloría por incumplir sus obligaciones como servidor público.

Casos que hoy se encuentran en el limbo y que permanecen a la espera de que se nombren procuradores provinciales y regionales de juzgamiento. Toda vez que un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohibió que una misma entidad pueda investigar y juzgar.

Ya por control preferente la Procuraduría Regional del Valle se había llevado otro caso contra Fabiola Perdomo en enero del 2021 con un fallo sancionatorio de la Personería por siete meses, y un año después el ente regional reversó la decisión y la absolvió de la falta en su contra.

Lograr el archivo de las investigaciones o que los procesos queden engavetados hasta que se venzan los términos es la gran apuesta de los funcionarios investigados; y en Cali, dicen los expertos, parece que se sienten más seguros de lograrlo y evadir sus responsabilidades si pueden pasar el caso a alguna instancia de la Procuraduría.

Esa es la apuesta, dice un abogado administrativo bajo reserva de su nombre, en el caso de Luz Marina Cuéllar, quien entre el 2020 y el 2021 acumula tres investigaciones relacionadas con contratos celebrados en el marco de la pandemia con varias irregularidades, según auditorías de la Contraloría que por competencia trasladó los hallazgos a la Personería de Cali.

Entre ellos, ignorar un decreto de la misma Alcaldía del 16 de marzo del 2020, que prohibía a los responsables de organizar eventos o campañas publicitarias “entregar material individual como volantes, plegables, libretas, brochure, lapiceros, etc...”, para evitar la propagación del Covid.
No obstante, Luz Marina Cuéllar firmó un contrato con la empresa Vicbay para comprar 280.000 volantes de tamaño media carta; 9.700 folletos plegables de tres cuerpos y otros 50.000 flyers plegables, pese a que estaba prohibida su entrega.

Se cuestiona también, en otro de los hallazgos, que la jefe de Comunicaciones de la Alcaldía contratara con Pombo Comunicaciones la compra de 30 dispensadores de gel antibacterial de 20 litros para ubicar en las estaciones del MÍO sin un estudio de mercado, sin conocer los costos reales de cada dispensador y con sobreprecio . “Contratar por unos valores que no reflejan optimización de recursos, se constituye en una presunta falta disciplinaria”, dijo el jurista consultado por El País.

El otro caso que compromete a Cuéllar, relacionado con los dos contratos anteriores, es que se cotizaron y se facturaron bienes a los que se les incluyó el IVA, pese a una directriz del Gobierno Nacional de que los elementos relacionados con la atención de la pandemia estaban exentos de ese impuesto, y un contrato para la compra de chalecos y camisetas que no entraron al almacén, según los mismos hallazgos.

Entre los casos sobre los que no entregó información la Procuraduría de la etapa procesal en que se encuentran, está el del exsecretario de Desarrollo Económico Argemiro Cortés, a quien en primera instancia la Personería le dictó una sancionó de cuatro meses por violar, presuntamente, los principios de contratación (Ley 80 de 1993).

El contrato era para apoyar el proceso de fortalecimiento de 50 unidades productivas de la zona de mitigación del Jarillón del río Cauca para que generara ingresos a sus propietarios, pero el documento señala que evidencia que “los pliegos de condiciones o términos de referencia, no pueden ser elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa”.

Los casos, que involucran a José Darwin Lenis y Mario Hernán Colorado están relacionados con la manera en la que el municipio, desde la Secretaría de Educación ha manejado el Programa de Alimentación Escolar PAE y los incumplimientos e irregularidades en algunos de los contratistas.

Sin embargo, y pese al incumplimiento de varios de los contratistas, solo se tomaron acciones contra el consorcio Luz del Valle, el cual fue ya suspendido, pero las quejas e irregularidades persistieron y otros consorcios no cumplen con las fechas de entrega, ofrecen alimentos en mal estado o modifican a su antojo la minuta de raciones diarias.

También contra José Darwin Lenis hay un proceso en algún despacho de la Procuraduría, luego de que le fuera sustraído el caso de la Personería, por el contrato entre la Secretaría de Cultura, entidad que estuvo a su cargo, y Corfecali para la realización en diciembre del 2020 de la polémica feria virtual que costó más de $12.600 millones, la más cara de la historia hasta entonces, pese a que todo fue grabado.

En esta investigación, la Personería de Cali compulsó también copias a la Procuraduría Provincial para que por competencia inicie la investigación disciplinaria contra el entonces gerente de Corfecali, Álex Zuluaga, tras los escándalos con los contratos, favorecimientos y costos de los mismo.
El caso de Juan Diego Flores, exgerente de Emcali, está relacionado con el contrato celebrado entre esa entidad y la Unión Temporal AMI, donde aparecieron los televisores de $43 millones y las sillas de $17 millones, precios que vehemencia salió a defender el mismo alcalde Jorge Iván Ospina.

Según el abogado Jesús Marino Ospina, conjuez del Consejo de Estado y experto en derecho administrativo, en los organismos de control y en particular en el Ministerio Público, que encabeza la Procuraduría, no se garantiza la independencia de las investigaciones por el origen político del mismo; y al procurador lo elige el Congreso que es político, y a los personeros son designados por los Concejos Municipales, y eso no garantiza ni autonomía ni independencia como lo exige la Ley 1952”, asegura el letrado.

En ese sentido se dice que políticos como Roy Barreras, socio político del alcalde Cali, ejercen una enorme influencia en la Procuraduría.
hmcardenas@elpais.com.co

Tal como se informó en exclusiva en la edición de ayer, la Contraloría General de la República puso contra las cuerdas al alcalde Jorge Iván Ospina y le embargó cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda y AV Villas, siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento en la ciudad.

Igualmente, se congelaron otras 21 cuentas bancarias de los demás implicados en una presunta red de corrupción que estaría dedicada al saqueo de los recursos públicos en la capital vallecaucana.
Según los documentos en poder de El País y Semana, el detrimento superaría por ahora los $30.000 millones y el ente fiscal se centra en dos frentes de investigación: un contrato presuntamente irregular para las cámaras de seguridad y otro que confirmaría un grave detrimento en las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

En el caso de las cámaras, la Contraloría ordenó abrirle un proceso al alcalde Ospina por un millonario contrato de más de $5000 millones, de los cuales $1500 millones nunca se ejecutaron. En este, además, hubo una sospechosa e innecesaria intermediación en un convenio suscrito entre la imprenta departamental Impretics y la Unión Temporal Windetec, para el mantenimiento preventivo y correctivo de más de 400 cámaras de vigilancia de la capital del Valle.

En contratos de cámaras hubo objetos que no fueron instalados. El gobierno Ospina intentó excusarse en que fueron robados en las protestas, pero la Contraloría no encontró evidencia de que hallan sido instalados.

Detalla el expediente que el 9 de diciembre de 2020, Ospina emitió un decreto delegando funciones en materia de contratación a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en cabeza entonces de Carlos Soler.
Acto seguido, la Secretaría de Seguridad invitó a Impretics (Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones) para suscribir un “convenio interadministrativo”, figura que permite la contratación directa sin necesidad de concurso ni licitación.

El decreto, que justifica el cuestionado convenio, asegura que la imprenta cuenta con “la experiencia y la idoneidad” para la prestación del servicio de redes y telecomunicaciones. Al final, no fue Impretics la que ejecutó el contrato sino la Unión Temporal Windetec. El hallazgo supera los $1854 millones: $300 millones de la cuestionada intermediación y $1500 millones que no se ejecutaron.

En la lupa de la Contraloría hay tres convenios suscritos por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, y que enreda a altos funcionarios, en su mayoría gerentes, a los que también les ordenaron embargos a sus cuentas y propiedades. Entre ellos un acuerdo para adecuar la planta de tratamiento de agua potable denominada Río Cali, en el barrio San Antonio, en el que la Contraloría halló un detrimento que supera los $14.000 millones.

El Ministerio de Vivienda apoyaría la ejecución de obras e interventoría del proyecto, y todo salió mal. Se tenían que adelantar estas obras para beneficiar a más de 700.000 personas con el servicio de agua potable, pero no aparecen ni el agua ni el dinero. El contrato se venció y la Alcaldía y el consorcio terminaron enfrentadas en un tribunal de arbitramento.

El otro caso está relacionado con el no pago de tasas retributivas; es decir, los intereses de mora a la autoridad ambiental, el Dagma . Emcali, entre 2001 y 2002, tenía que pagar unas tasas de contribución o aportes y expuso todo tipo de acciones para explicar por qué no había hecho pagos esos dos años. El problema es que las acciones de cobros nunca cesaron y la deuda creció como bola de nieve.

A la fecha, la Personería de Cali adelanta 59 procesos disciplinarios contra varios funcionarios del gobierno de Jorge
Iván Ospina y ha emitido 53 fallos.

La omisión le salió tan cara a la ciudad que solo en intereses moratorios sumaban, casi dos décadas después, más de $66.000 millones con corte al 2019. Cuando la Contraloría estuvo en Cali indagando el tema, encontró que el Dagma, perteneciente ala ciudad, le condonó el 70% de la deuda de los intereses.

Para la Contraloría se trata de un detrimento y afectación a los recursos públicos porque, pudiendo hacerlo, nunca tomaron medidas para detener las acciones de cobro, y la negligencia tuvieron que pagarla los caleños. Cuando la Contraloría le preguntó a Emcali las razones del no pago oportuno, la excusa fue que no sabían a quién debían hacerle el giro de dinero.

En otra aparte se encontró una intermediación innecesaria en un convenio interadministrativo de más de $18.000 millones con la Empresa de Recursos Tecnológicos para “Brindar apoyo a los call centers y a la gestión de servicios al cliente de Emcali”, que al final la ERT subcontrató con privados por $15.000 millones.

Los convenios interadministrativos, según le confirmaron a SEMANA y a El País, se usaron expresamente para saltarse la ley de contratación.