“Marta Lucía Ramírez ha participado en varios certámenes electorales y claramente si ella decide aspirar a la Presidencia de la República, le va a traer una gran contribución a nuestra democracia por su capacidad, por su talante y por su talento”.

Estas palabras, pronunciadas el lunes por el mandatario colombiano, Iván Duque, volvieron a avivar lo que para muchos es un hecho: la renuncia de quien ostenta el segundo cargo político más importante del país.

Además porque según la legislación actualmente vigente en el país, ella y los demás funcionarios del orden nacional, regional o local que deseen aspirar a un cargo de elección popular y sean ordenadores del gasto deberán dejar sus cargos un año antes de la fecha de realización de esos comicios.

Así, aunque el Consejo Nacional Electoral, CNE, y la Registraduría Nacional solamente expedirán el calendario que deberá fijar el camino hacia la escogencia de congresistas y Presidente de la República en el 2022 el próximo viernes 12, marzo ya es conocido como el mes de las renuncias.

Esto debido a que la primera cita de esas jornadas electorales tendría lugar el domingo 13 de marzo del 2022, cuando además de los comicios de representantes a la Cámara y Senado se podrían realizar varias consultas interpartidistas.

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Es por esto que, según varias interpretaciones legales, la dimisión de Ramírez se debe producir este mes y no en mayo próximo.

De hecho, en su momento Germán Vargas Lleras presentó su renuncia a la Vicepresidencia de la República el 2 de marzo de 2017, para no inhabilitarse frente a sus aspiraciones de llegar a la Casa de Nariño en agosto del 2018.

Y lo cierto es que el Artículo 197 de la Constitución Política, que para entonces acababa de ser modificado en el marco de la reforma de Equilibrio de Poderes, reza: “No podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente quien un año antes de la elección haya tenido la investidura de Vicepresidente”, entre otros cargos.

De ahí que las opiniones jurídicas siguen divididas también por las modificaciones que el recientemente aprobado Código Nacional Electoral podría introducir para quienes deseen aspirar a un cargo de elección popular a través de movimientos significativos de ciudadanos, si esa es la alternativa que finalmente escoge la actual Vicepresidenta de la República.

Pero mientras el Jefe de Estado anuncia que una mujer sería la sustituta de Marta Lucía Ramírez, otros funcionarios del orden regional y local ‘deshojan’ igualmente sus opciones políticas y jurídicas frente a sus deseos de lanzarse a la Cámara o al Senado.

Esto porque, como ya se dijo, todo aquel funcionario que tenga la responsabilidad de manejar recursos podría quedar impedido para desempeñarse como posible congresista si no dimite antes de que termine el mes que acaba de iniciar.

“Sí, los actuales funcionarios del Gobierno que aspiren a formar parte del Legislativo tienen que renunciar a sus cargos actuales a más tardar un año y un día antes de la fecha de los comicios electorales correspondientes para no inhabilitarse”, explica la abogada Mildred Arias.

Ella, que acaba de renunciar a la jefatura de la Oficina de Contravenciones de la Secretaría de Movilidad de Cali para aspirar a la Cámara de Representantes por el Partido Alianza Verde, agrega que así lo establece también el Artículo 280 de la Ley Quinta, donde están consignadas todas las aspiraciones al Congreso.

Y precisa que la norma no solo aplica para los secretarios de despacho sino que cualquier funcionario de libre nombramiento y remoción de la Gobernación del Valle del Cauca o el Municipio de Cali que vaya a poner su su nombre a consideración para la Cámara o el Senado deberá renunciar antes del próximo 12 de marzo.

Así las cosas, una de las personas que tendría que deberá dimitir es Mauricio Ospina, quien actualmente es asesor de Infraestructura del Departamento y ha hecho público su deseo de aspirar al Senado.

Ahora bien, esa normatividad no aplica para quienes hoy día ocupan curules en concejos o asamblea, ya que el año pasado la Sala de Consulta y del Servicio Civil del Consejo de Estado precisó que ellos deberán separarse definitivamente de sus actuales funciones 60 días antes de los comicios.

Así, los asambleístas del Valle del Cauca Juan Carlos Garcés Rojas y Julio César García Varela, que, se dice, serán candidatos al Senado por los partidos de la Unidad Nacional y Centro Democrático respectivamente, tendrían que renunciar a más tardar el 29 de enero del 2022.

¿Y el reemplazo?

“Si la Vicepresidenta opta por participar en el proceso electoral, yo buscaré una mujer vicepresidenta que me acompañe durante el resto de mi periodo”. Esa fue la otra frase pronunciada por Iván Duque con respecto al futuro del segundo cargo político del país que despertó curiosidad en Colombia.

De inmediato se empezó a conformar el sonajero de quienes serían las más indicadas para sustituir a Ramírez, si ella finalmente se decide a dejar su actual posición.

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Entonces, las más firmes aspirantes a nueva Vicepresidenta de la República serían la recién nombrada embajadora ante las Naciones Unidas, Alicia Arango; la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; la titular de la cartera de Educación, María Victoria Angulo; y su homóloga de las TIC, Karen Abudinen.

Pero también ha surgido el nombre de Ángela Ospina de Nicholls, quien en la actualidad es la directora de la Agencia para la Cooperación.

De acuerdo con la legislación vigente, Marta Lucía Ramírez no tendría que presentarle su renuncia solamente al presidente Iván Duque sino también al Congreso, que es el responsable de aceptarla y de nombrar a su reemplazo.

Otro de los puntos a resolverse, tras una posible candidatura de la actual Vicepresidenta es si iría por el Partido Conservador, por el Centro Democrático o por un movimiento de firmas, como lo hizo en el 2018.

Por lo tanto tanto los ‘azules’ como los uribistas han reclamado ese derecho.