La situación para los militares colombianos detenidos en Haití, acusados de asesinar al presidente de ese país Jovenel Moïse, se enredó aún más tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que los señala de ser los responsables del magnicidio.

El 21 de septiembre del año pasado, el Mandatario había pedido perdón a Haití por estos hechos y, en marzo de este año, durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en República Dominicana, expresó su deseo de visitar ese país al señalar que Colombia tenía un tema de corresponsabilidad “porque fueron mercenarios colombianos los que viajaron a ese país a matar al Presidente”.

Además, el miércoles pasado, durante la posesión de varios embajadores en la Casa de Nariño, el Jefe de Estado recalcó que los mercenarios colombianos que habían asesinado al presidente del país caribeño habían sido entrenados en Colombia con dineros públicos, motivo por el que las reacciones de algunos de los familiares de los exmilitares y de sus abogados no se hicieron esperar.

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Uno de los poderdantes, que prefirió omitir su nombre, sostuvo que “es un ejercicio inútil de una opinión temeraria, que no pasa de ser eso, una opinión, pero que no tiene el fundamento de la realidad de lo que ha ocurrido a lo largo de todo este proceso que se inició hace 22 meses”.

Y agregó: “Cuando habla de los mercenarios connacionales está atribuyendo a un grupo de personas unas conductas inescrupulosas, penales, delictuales, lo que lo hace merecedor, mínimo a una demanda por injuria y calumnia para cualquiera de las personas como las que yo represento, porque no tiene por qué recibir el oprobio, no solamente de un pueblo haitiano sino de todo el universo que está pendiente de los sucesos violentos de Haití, para que un Presidente diga algo tan improvisado”.

Por su parte, Milena Carmona, esposa del subteniente Jheyner Alberto Carmona Flórez, de 27 años (los cumplió el 7 de febrero), rechazó los señalamientos y dijo que “el presidente Petro siempre ha manifestado esas declaraciones. Considero que es una manera directa de condenar a los militares involucrados, sin brindarles siquiera la presunción de inocencia y afectando el debido proceso al que ellos tienen derecho”.

Pido al presidente Petro respetuosamente no caer en las inconsistencias de la investigación de un país corrupto como lo es Haití, y por el contrario, que nos permita a los familiares de los detenidos ver el material con el que “supuestamente” se cuenta para lanzar tan directos ataques a personas que ni siquiera han podido defenderse en ley de lo que se les acusa”.

Cadena de sucesos trágicos

María Irene Gómez Rincón, madre del soldado profesional, Jhon Jairo Ramírez, quien cumple 42 años el 16 de mayo, dice que la comunicación ha sido imposible, pues no les permiten llamar y las condiciones en que están son infrahumanas.

“Viven en medio de ratas, sus necesidades las hacen en una bolsa que luego tiran a un patio, no tienen energía, agua y tampoco comida. Algunos están enfermos de cólera y por la desnutrición se les cae el pelo, se les separan los dientes, y no reciben medicamentos. Es algo absurdo porque ni siquiera a un animal se le trata así”, dice la mujer que no puede contener el llanto.

Cuenta que el Miércoles Santo su abogado se reunió con la señora Vilma Velásquez, quien fue nombrada nueva cónsul de Colombia en Haití. Ella se habría comprometido a ayudarlos.

“Le dimos una carta para que se la entregara a la doctora Vilma y a través de ella al Presidente porque nosotros no hemos tenido apoyo y queríamos hablar con él, explicarle las cosas porque él nos condenó, él nos juzga, pero no ha investigado, no sabe realmente qué fue lo que pasó. Nosotros tenemos pruebas de que ellos se fueron de Colombia con un contrato verbal de ir a hacer seguridad a Haití”, cuenta.

Según dicen los familiares, ellos fueron contratados por una empresa americana conocida como CTU Security. La convocatoria la hizo vía WhatsApp el sargento Duberney Capador, a quien muchos no conocían personalmente, pero sí lo habían oído nombrar al interior de las Fuerzas Armadas.

Él les dijo, asegura la mujer, que había un proyecto buenísimo por fuera del país. A la convocatoria en abril se presentaron 300 hombres, en mayo hicieron la selección y en junio viajaron los primeros 26 porque la idea era llevar otro grupo después.

Pero, cuando llegaron allá se encontraron con otra realidad muy diferente.

Así lo señala Janeline Carmona Flórez, madre del subteniente Jheyner Carmona, quien sostiene que su hijo está secuestrado en Haití.

“Quiero aclararles que mi hijo no es ningún asesino, mi hijo es un hombre de familia, honorable que aceptó un trabajo legal de una empresa de Estados Unidos para prestar servicios de seguridad en ese país. Esa empresa desafortunadamente lo engañó, lo involucró en un crimen que él no cometió, ni ellos hicieron (...). Llevo 21 meses y cinco días que no he sabido nada de él, no lo he podido ver, no lo he escuchado”.

Por eso, Milena, esposa de Carmona, pide que los 19 colombianos detenidos, dos en Miami y 17 en la cárcel de Puerto Príncipe, sean escuchados, que se les respete la presunción de inocencia y tengan un juicio justo, pues hasta ahora ni siquiera su captura ha sido legalizada.
“No queremos impunidad, queremos justicia”, enfatizó.

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¿Una conspiración?

Los abogados haitianos, Nathalie Delisca y Marc Antoine Maisonneuve, que representan a 9 de los uniformados, trataron de interponer un habeas corpus en noviembre del año pasado solicitando la libertad de los exmilitares, pero fueron amenazados y boicoteada la audiencia.

La abogada Delisca manifestó que el presidente Gustavo Petro complica más la situación de ellos en la cárcel ya que “su presidente dice que se debe pedir perdón a Haití porque los nacionales de Colombia mataron a un presidente en función”.

Entre tanto, Maisonneuve indicó que el miércoles pasado agentes del FBI y de la DEA sacaron a cuatro connacionales para interrogarlos, entre ellos a Carmona, pero él piensa que “es una cortina de humo y no fueron con un propósito serio”.

Y denunció: “Hay americanos involucrados en este crimen también. Esta es la razón por la que las cortes haitianas, y en general todos los organismos de control, no quieren intervenir en este problema y tampoco quieren escuchar las suplicas de los exmilitares colombianos debido a que hay intereses de parte de los estadounidenses para que no se haga justicia”.

Otro de los abogados, que prefirió omitir su nombre, dijo que están pidiendo que los militares sean traídos a Colombia o a un país alterno como República Dominicana, donde también hablan español, con unas condiciones especiales y jueces internacionales para que tengan un proceso legal justo”.